Con el envío de varios proyectos a la Legislatura, Jorge Macri avanza con la Justicia Laboral PRO

No hubo ningún anuncio oficial, ni siquiera un posteo en las redes del jefe de Gobierno como lo hace cotidianamente. En la tarde de ayer, en medio de la multitudinaria marcha del Ni Una Menos que convocó la atención de todos los medios, Jorge Macri decidió avanzar con la conformación de la justicia laboral PRO.

Varios especialistas en materia de derechos del trabajo aseguran que la Ley de Reforma de Milei y el traspaso de la justicia laboral al ámbito porteño es el sueño húmedo del macrismo. Ambas medidas forman parte de un combo escrito a medida del empresariado argentino en detrimento del conjunto de trabajadoras y trabajadores.

En ese sentido, el jefe de Gobierno instruyó a sus legisladores que motoricen el debate del paquete de tres iniciativas que envió a la Legislatura porteña. Uno que habla de las modificaciones a la estructura judicial, otro que crea un nuevo Código Procesal para la Justicia del Trabajo y el último que da origen a un sistema de conciliación laboral obligatoria previo a la instancia judicial.

Si bien el debate inició a pocos meses de asumir el nuevo gobierno porteño, en 2024 tomó impulso con el acuerdo de transferencia firmado entre la Nación y la Ciudad; estos tres proyectos darán un paso más para forjar la creación del fuero laboral PRO.

Cabe destacar que Jorge Macri espera de un fallo judicial favorable de la Justicia para que termine de concretar el traspaso a su distrito pero, mientras tanto, remitió un texto que busca modificar las Leyes 7 y 1903, que son la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad y el anexo de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Ahora la decisión está en manos de las y los legisladores porteños y decidir si aceptan la propuesta del macrismo. De aprobarse el fuero laboral PRO, contará con una estructura integrada por 80 juzgados laborales de primera instancia, diez salas de Cámara, con 30 jueces de alzada.

La alianza LLA PRO contra los trabajadores

En noviembre del año pasado, Tiempo realizó un informe sobre sobre el trabajo coordinado entre el presidente Javier Milei y el Jefe de Gobierno Jorge Macri para avanzar contra los derechos laborales.

Tras el análisis de varios especialistas, se concluyó que la creación de juzgados laborales en CABA y la reforma de Milei es una política antisindical y PRO empresarial.

La columna vertebral de la alianza PRO-LLA es la implementación de políticas antisindicales para arrasar con la mayoría de los derechos laborales. Un caso testigo: Jorge Macri inició su gobierno enviando un proyecto de ley para crear el “Fuero Laboral PRO”. En tiempo récord, el oficialismo logró firmar todos los dictámenes en comisiones y en diciembre de 2024, con apenas 31 votos afirmativos, 25 negativos, y 2 abstenciones; consiguió  aprobar la iniciativa.

“La puesta en marcha de un tribunal superior de justicia porteño es inconstitucional. Cuando por principios del derecho laboral sabemos que los derechos de los trabajadores tienen el carácter de ser progresivos, es decir, ir cambiando y modificando su situación para mejor y no para peor. Las propuestas de Milei y del PRO, son un coctel explosivo para los trabajadores”, dijo por entonces a Tiempo Alan Bryden, especialista en derecho de Trabajo y titular  del Estudio Jurídico Bryden & Asociados.

Por su parte la abogada especialista en derecho del trabajo, Natalia Salvo, destacó en diálogo con éste medio que la reforma laboral no solamente viene siendo en relación a una flexibilización de hecho, o una destrucción de derechos a través de la política económica, sino también a través de determinadas normas.

“Una de esas normas o una de esas formas jurídicas es el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Justicia de la Ciudad. Esto se dio desde la Ley hasta los concursos que ya se hicieron para el traspaso, pero también con el fallo de la Corte Suprema que habilitó al Tribunal Superior de Justicia como tribunal superior previo a la Corte, lo cual ya tuvo repercusiones en la Justicia Nacional del Trabajo”, explicó Salvo.

Para la letrada, esta movida representó sacar un bastión fundamental a la defensa de los derechos laborales, porque los tribunales nacionales del trabajo están formados en determinados principios protectorios relativos al trabajador.

“Los tribunales que se van a crear, y tanto el Tribunal Superior de Justicia, tienen otro tipo de principios, además de la cuestión política de ser tribunales más bien macristas, que sabemos que es lo que impera en la ciudad. Así que es una forma de terminar la flexibilización laboral, la destrucción de derechos, porque al momento de reclamar la inconstitucionalidad de la Ley de Bases o de otras normas que se dicten, vas a tener tribunales con jueces nuevos, con jueces más directamente elegidos por parte del Poder Real, o con un Tribunal Superior de Justicia que es de CABA, y en donde van a terminar todas las demandas laborales”, agregó Salvo.

Otras medidas que apuntan en ese sentido

A inicios de octubre del año pasado, Tiempo advirtió en un informe sobre otra medida del Gobierno porteño que ataca derechos laborales: una iniciativa para que organizaciones sindicales y empresas constituyan “Fondos de Cese Laboral”, con el objetivo de que los trabajadores paguen sus propias indemnizaciones al ser despedidos. Así lo destaca la resolución (N° 1012/25) que busca “ofrecer un mecanismo alternativo al régimen indemnizatorio tradicional.

El abogado laboralista Juan Ottaviano, dijo en su momento que esta iniciativa es un avance “mediante reglamentaciones administrativas y financieras para implementar el fondo de cese laboral pero, hasta que ningún sector lo adopte a través de un convenio colectivo, no hay nada que implementar». «Pienso que en un contexto de contracción de la actividad y el empleo, no hay incentivos para reemplazar la indemnización por un fondo de cese aún en los sectores de alta rotación”, subrayó.