Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de repudio por la intimidación judicial del Gobierno de Milei contra periodistas. "Es un urgente establecer un límite", dicen. "Debe ser repudiada por un amplio arco social, político e institucional", agregan.
Desde el viernes último, el presidente inauguró una nueva etapa con las presentaciones judiciales en Comodoro Py contra Ari Lijalad, Carlos Pagni y Viviana Canosa, una acción que provocó la rápida presentación de un proyecto de repudio de parte de todos los diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) que integran la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso.
“Expresar su enérgico repudio a la sistemática campaña de descrédito, intimidación y persecución de la actividad periodística por parte del Presidente de la Nación y su equipo de comunicación, utilizando la investidura y recursos públicos contra columnistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación”, señala la iniciativa que lleva la firma de 12 representantes de UP, entre ellos Leandro Santoro, Eduardo Valdés, Pablo Carro, Lorena Pokoik y Juan Marino.
A la vez, rechaza las presentaciones contra Canosa, Lijalad y Pagni con la “que se pretende manipular la legislación vigente sobre calumnias e injurias ante la opinión pública, en una nueva escalada de incitaciones al descrédito y al odio”.
Según los diputados Carro y Marino, hay un objetivo claro detrás de los ataques. “Así como en el caso $Libra, Milei confundió sin ingenuidad su investidura pública en acciones dirigidas a estafar y engañar, sus reiterados ataques a periodistas profesionales también utilizan el cargo presidencial, buscan desacreditar y operan por fuera de cualquier marco de respeto democrático”, sostiene Carro.
“Buscan silenciar a la prensa para que los actos ilegales de los hermanos Milei y sus funcionarios queden impunes. Es urgente establecer un límite institucional y ratificar los consensos democráticos frente a un gobierno antidemocrático y mafioso”, refuerza Marino, quien unas horas antes había presentado otra iniciativa similar antes de que se conocieran las intimidaciones judiciales contra los periodistas.
Como respuesta a la demanda en Comodoro Py, tanto el Sindicato de Prensa de Buenos Aires como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa repudiaron la denuncia. “Atacar a la prensa es grave, peligroso y antidemocrático”, sintetizó el comunicado conjunto y anticipó que seguirán presentando “denuncias locales e internacionales, acciones gremiales y políticas para ejercer el periodismo con libertad”.
En los fundamentos del proyecto de los diputados de UP, también se remarca el retroceso de Argentina en el ranking de libertad de prensa y señala el récord en agresiones contra la prensa alertado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entre otras cuestiones. “La escalada de ataques de Milei debe ser repudiada por un amplio arco social, político e institucional del país», dice Carro.
Además de exigir que se detenga la campaña sistemática de intimidación e instigación al odio contra el periodismo, el proyecto presentado por Marino el jueves pasado incluyó un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional. El requerimiento llama a detallar tres cuestiones en un plazo de 30 días:
“Estamos frente a un gobierno mafioso que se desespera porque sus estafas y coimas salen a la luz, y que cada día se pone más violento”, describe Marino como uno de los motores para la iniciativa de resolución de la Cámara baja. ”Basta Milei, basta de atacar al periodismo”, señaló el diputado, una consigna que el Sipreba sostiene casi desde la llegada de los libertarios al poder.
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