Contra el impuesto a las ganancias, más de 22 mil petroleros paralizan en todo el país la refinación y distribución de combustibles

La ley de paquete fiscal restituyó el impuesto a las ganancias para poco más de 1,2 millones de trabajadores que habían sido eximidos con la votación de la ley que en septiembre de 2023 fijaba el mínimo no imponible al nivel de quince salarios mínimos hoy equivalentes a casi $3,5 millones. La nueva norma fijó el umbral en $1,8 millones para trabajadores solteros sin hijos, aunque reformuló los tramos que establecen las escalas y las alícuotas que los alcanzan disminuyendo el impacto sobre las escalas inferiores. A la vez, descartó la posibilidad de dejar por fuera del alcance del impuesto a los adicionales como premios, horas extras, antigüedad, refrigerios y otros.  

Sin embargo, incorporó un artículo mediante el cual exime del alcance del impuesto a un sector en particular: los trabajadores petroleros encuadrados dentro de lo que se conoce como “personal de pozo”. Esa excepción deja afuera a la inmensa mayoría de los trabajadores petroleros que, por sus  altos salarios, serían alcanzados por el impuesto a las ganancias pero no alcanza a un sector en particular cuyo número se estima en 22 mil.

Son los trabajadores representados por la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FaSiPeGyBio) que, en sintonía con otras organizaciones sindicales por orientación de la CGT, ya realizó una presentación judicial bajo la forma de una medida cautelar rechazando los descuentos por ese gravamen. Pero además, la organización sindical anunció un paro general “por tiempo indeterminado” a partir del jueves 1 de agosto.

Mediante un comunicado de prensa la organización sindical adelantó que como resultado de la medida de fuerza es de esperar que “la provisión de combustible presentará inconvenientes tanto para todas las estaciones de servicio como para los aeropuertos, afectando a Aeroparque y Ezeiza primeramente”.

Para la FaSiPeGyBio la ley de paquete fiscal “discrimina a nuestros representados castigando el poder adquisitivo, el empleo de calidad y el pleno desarrollo de una actividad como es la del sector energético, estratégica para el progreso económico del país».

La mentada discriminación a la que alude el sindicato conducido por Mario Lavia emerge de la reglamentación de la ley 27.743 publicada en Boletín Oficial bajo la forma del decreto 652/2024 que exime a los trabajadores petroleros encuadrados en lo que se conoce como “personal de pozo”. Allí, según la normativa vigente, se «incluye a aquellos trabajadores que realizan actividades esenciales como la exploración petrolífera o gasífera, tareas en boca de pozo, perforación, terminación, mantenimiento, reparación, intervención, producción, servicios de operaciones especiales y servicios de ecología y medioambiente.

Para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, la excepción se amplía a aquellos obreros que sin operar directamente en los pozos realizan tareas subsidiarias a esa actividad sin las cuales no podrían llevarse adelante esas operatorias como el mantenimiento y la operación.

Pero la reglamentación ‘excluyó de la exclusión’ a un gran número de trabajadores petroleros que abarca desde los directivos, ejecutivos y gerentes que operan en las plantas de la Patagonia hasta los operarios que lo hacen en las ocho principales refinerías de todo el país, en particular, en el Polo petroquímico ubicado en el sur del Gran Buenos Aires, La plata y en Campana.

Estos últimos son los representados por la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles que conduce Mario Lavia y que amenazan con paralizar la producción de combustibles. La medida por tiempo indeterminado muestra la decisión del gremio de obtener una respuesta del gobierno más allá del resultado que logren en la justicia.