Otra verdadera marea verde se manifestó en las calles porteñas y en las principales ciudades del país. El duro documento final puso énfasis en la inacción judicial que permite la violencia que no cesa y en las desigualdades sociales y económicas que sufren las mujeres y disidencias.
La marcha hacia el Congreso colmó desde las 16 las siete cuadras que separan la Avenida de Mayo de la avenida 9 de Julio con cantos, pancartas y hasta tatuajes que reivindicaban derechos y conquistas, en el marco de un nuevo Paro Internacional de Mujeres.
La movilización convocada desde el colectivo «Ni Una Menos» reunió a organizaciones sociales, políticas y sindicales, y también a miles de mujeres y disidencias que se sumaron solas, en parejas, con amigas o en familia.
A pesar del calor que agobiaba a los manifestantes en las veredas con sombra o dentro de los kioskos para comprar bebidas frías, caminar en la Avenida de Mayo se volvía muy complicado por la cantidad de personas que pasadas las 17.30 todavía continuaban arribando a la zona.
En el acto realizado frente al Congreso, el Colectivo Ni Una Menos, junto a otras organizaciones de todo el país, emitieron un documento conjunto bajo el título «Con esta justicia no hay derechos ni democracia. La deuda es con lxs trabajadorxs» en el que aseguraron que «¡no hay democracia con un Poder Judicial al servicio del poder económico; no hay democracia con deuda externa ni bajo el control del FMI!».
Allí afirmaron que «paramos y nos movilizamos frente a la agudización de la crisis económica, frente al avance de la inflación, el aumento de la precarización laboral y la desocupación que a nosotras y nosotres nos afecta triplemente».
Y agregaron que «las consecuencias del pago de la deuda con el FMI, contraída por el gobierno de Mauricio Macri, siguen recayendo de manera diferencial sobre las mujeres, las lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries; y hoy afectan al pueblo entero que vive de su trabajo».
También advirtieron que «cada vez se evidencia más el vínculo entre los poderes económicos concentrados y el Poder Judicial y su intervención directa en la vida cotidiana de los sectores más precarizados cuando interponen recursos a favor de las corporaciones y en detrimento de nuestros derechos».
Apoyaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al denunciar el «intento de magnifemicidio, la falta de investigación del hecho y su posterior proscripción. La derecha no sólo busca volver a gobernar, sino que pretende quebrar al movimiento popular y su voluntad emancipatoria».
Y relacionaron este hecho con «el aumento de la persecución a las luchadoras populares con apertura de causas judiciales y allanamientos a las organizaciones sociales», así como el intento de disciplinamiento con la detención de cuatro mujeres mapuche de Villa Mascardi y la continuidad del hostigamiento judicial contra Milagro Sala.
Luego se refirieron a la «violencia económica y política de las corporaciones» de los «medios de comunicación concentrados -en estrecha relación con los poderes económico, político y judicial-«, que se «encargan de instalar discursos de odio, estigmatizan la protesta social y la participación política».
«No hay democracia bajo tutela del FMI, tampoco hay democracia si se sustenta en pactos mafiosos patriarcales; por eso salimos a las calles a exigir una democracia que enfrente a los poderes coloniales, internos y externos, que nos quieren disciplinar», afirmaron.
A continuación, el documento final leído en el Congreso:
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