El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad cumplió con la citación de este martes en Comodoro Py por la causa que investiga sobreprecios y retornos millonarios en la compra de medicamentos.
El ex funcionario, que supo ser una de las personas del círculo íntimo del presidente Javier Milei, además de patrocinarlo como su abogado en distintas causas penales, se retiró de los tribunales de Comodoro Py pasadas las 10 de la mañana, luego de poco más de una hora dentro del edificio.
Spagnuolo había sido citado por el juez Ariel Lijo, tras un dictamen en el que Picardi describió el hallazgo de nuevos hechos que implicaron, según especificó, la erogación de más de 75 mil millones de pesos de las arcas públicas en favor de empresarios de la industria farmacéutica y de insumos. Todo eso en detrimento de las personas con discapacidad.
Desde su entorno dijeron a Tiempo que se negó a declarar porque «es todo muy reciente», señalaron que por el momento tampoco presentará un descargo por escrito, aunque «la posibilidad de hacerlo siempre está».
De ese modo, la presencia del ex titular de la Andis en los tribunales federales fue breve. Estuvo acompañado por Pablo Parera, uno de sus abogados defensores junto con Mauricio D’Alessandro, que esta vez estuvo ausente a diferencia de la primera indagatoria. El fiscal fue quien encabezó la audiencia.
Spagnuolo fue convocado por segunda vez para ejercer su derecho a defenderse en el marco del hallazgo de nuevos hechos que amplían, de acuerdo al dictamen fiscal, el esquema que operaba en el organismo. Consistía en la implementación de un sistema de compulsas de precios de medicamentos e insumos paralelo, que era manipulado de manera artificial por influencia de operadores externos al organismo con la complicidad de funcionarios públicos como el ex titular de Andis y su número dos, el ex director de Acceso a los Servicios de Salud Daniel Garbellini, entre otros.
Ahora, el fiscal detectó que ese mecanismo no solo era utilizado para los procesos de adquisición de medicamentos, sino que también se habría extendido al rubro insumos, que incluye, por ejemplo, elementos ortopédicos, implantes auditivos y audífonos.
Para Picardi, Spagnuolo ocupó una posición jerárquica en el organismo, que «resultó esencial» para el esquema bajo investigación. «Generó las condiciones estructurales que permitieron el direccionamiento de contrataciones en favor de determinados proveedores del rubo insumos y a cambio de retornos de múltiples cualidades», explicó Picardi en su dictamen.
Además, el fiscal sostuvo que «parte de los montos transaccionados de manera ilegítima por la organización ilícita objeto de esta investigación retornaron a Diego Orlando Spagnuolo mediante pagos directos a su persona, como así mediante compra de mobiliario».
La defensa de Spagnuolo espera por estos días que la Cámara Federal se pronuncie respecto del procesamiento dispuesto por el juez Sebastián Casanello en febrero pasado. El magistrado le achacó la comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y cohecho. Como fue apelada, esa determinación está pendiente de revisión.
Otro pronunciamiento que esperan de los jueces de la Sala II Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah tiene que ver con la utilización en la causa de los audios que dio a conocer el streaming Carnaval y que destaparon el escándalo. Según Casanello y Picardi, ese material no se utilizó para la investigación. La defensa de Spagnuolo había jugado esa carta meses atrás, con una pericia privada que detectó alteraciones del contenido. Y posteriormente lograron una resolución favorable de los camaristas, que le pidieron al juez que determine el origen y la veracidad de esos audios.
Por esto último es que creen que pueden recibir una buena noticia de la Cámara.
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