Corte: políticas de salud o autonomía, las visiones que atraviesan el debate

La Corte Suprema está esperanzada en que el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires encuentren una solución por vía del diálogo para las clases presenciales en el territorio metropolitano. “Los problemas de la política se tienen que arreglar en el ámbito político”, sostiene una postura más o menos coincidente en el máximo tribunal.

Los jueces de la Corte se reunieron de manera virtual (tal como lo vienen haciendo desde que comenzó la pandemia, hace más de un año) y resolvieron 169 causas, algunas de ellas vinculadas con los mismos actores, Nación y Ciudad, que pugnan por las clases presenciales.

Además, se celebró durante la semana una suerte de primera audiencia de conciliación entre ambos pero por el tema de la coparticipación, incrementada para la Ciudad por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri y revertida, por la misma vía, por Alberto Fernández.

En ese escenario, y ante la falta de avances significativos pero confiando en una buena fe mutua que está más en su imaginario que en la realidad, el tribunal convocó para los primeros días de mayo a un nuevo encuentro. Fue una salida para la discusión sobre la coparticipación pero también un mensaje, ni siquiera disimulado, por cómo sigue el ciclo lectivo. Quien puede lo más, puede lo menos.

Entretanto, la Corte ya tomó, sin tomarla, una primera decisión.  Si el tribunal hubiera querido fallar a favor del planteo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, podría haberlo hecho hace una semana. Y no lo hizo.

¿Eso significa que al momento de resolver lo hará a favor de la postura del gobierno nacional? Claramente, no.

En principio, lo que está en discusión es el sentido de cuatro votos. Porque el quinto, el de la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton de Nolasco, parece previsible: ella no cree que la Corte tenga “competencia originaria” para dirimir un reclamo de la Ciudad a la Nación.

Todo es conjetural y especulativo. Pero, por lo pronto, los antecedentes cercanos (y no tanto) muestran que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, suele coincidir con las posturas que provienen de reclamos del sector político que hoy es oposición.  Esa tendencia inclina los pronósticos a que su voto será a favor de aceptar el planteo de Rodríguez Larreta.

¿Qué pasa con los otros jueces?

El lunes pasado, cuando un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las relaciones de Consumo de la Capital Federal había habilitado las clases presenciales, los jueces de la Corte tuvieron una ronda de consultas por la plataforma Zoom y en un momento, avanzada la mañana y con algunos niños en clases en las aulas y otros en sus casas, arreciaron las versiones sobre una decisión inminente.

Se discutió –al menos eso admitieron los pocos allegados a los jueces que rompieron el hermetismo- si el decreto de necesidad y urgencia 241/2021 que suspendió por dos semanas las clases presenciales generaba “efectos irreparables” o, como suelen describir los magistrados, “de imposible reparación ulterior”. La respuesta parece clara.

Pero, además, entró a tallar otro punto que parece clave a la hora de decidir: ¿quién tiene el poder de decisión sobre el manejo de las políticas de salud en el marco de la pandemia? No es tiempo de respuestas apresuradas, porque las decisiones políticas no son judiciables en tanto y en cuanto no constituyan un delito. Hay allí un análisis más profundo que el que se ve en superficie.

Rodríguez Larreta reclamó contra un supuesto avasallamiento de la autonomía porteña. Ese punto también cruzó por el ciberespacio en el debate. Alguien acercó una respuesta a ese interrogante: El DNU no es inconstitucional, dada la urgencia de las medidas que se deben adoptar. No hay avasallamiento a la Ciudad de Buenos Aires;  la autonomía no está en discusión. El decreto se refiere a un área geográfica que no responde a límites políticos sino de densidad demográfica, personas que transitan de uno y otro lado de los límites entre Capital y Provincia de Buenos Aires.

Cuando todo se debatía, llegó el anticipo sobre lo que iba a hacer el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, revocando la medida cautelar que habilitaba las clases presenciales. Y, sobre las 22 de ese mismo día, la decisión del gobierno de la Ciudad de no acatar el fallo.

Si alguna posibilidad había de una decisión rápida, se esfumó en esos enjuagues. “No vamos a entrar en el caleidoscopio de las posibilidades”, se escuchó, a modo de síntesis, como corolario del debate.

El Estado Nacional responde el lunes

La Procuración del Tesoro contestará el lunes a primera hora la vista que le corrió la Corte Suprema cuando decidió imprimirle a la acción judicial que inició el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta el carácter de “proceso sumarísimo”.

El artículo 322 del Código Civil y Comercial Federal, que aplica en este caso establece que “podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente”.
Los cinco días que la Corte le concedió al Estado nacional para responder se cumplen mañana. Desde ese momento, estará en condiciones de resolver. «