Crean las condiciones para una nueva bancarrota nacional

Cuando se consideran todos estos conceptos, y se añaden las deudas provinciales, la deuda pública orilla los 350 mil millones de dólares, las tres cuartas partes del PBI.

Este endeudamiento representa una carga confiscatoria para el país. La Argentina viene pagando un interés sideral propio de un país en defol. Pero, a su vez, el Banco Central  se ve obligado a absorber, emitiendo  títulos, una parte importante de los pesos que lanza a la circulación en contrapartida por los dólares que ingresan. El gobierno discute también la conversión de la deuda del BCRA en deuda dolarizada del Tesoro, lo que representaría otros 60 mil millones de dólares.

Este endeudamiento, por otra parte, tiene un carácter parasitario. Una parte del mismo ha sido utilizado para financiar la fuga de capitales y lubricar  una enorme bicicleta financiera. La otra parte ha ido a financiar el creciente déficit fiscal, que tiene como base el saqueo que hace del estado la propia clase capitalista. En esto hay una hilo conductor entre el gobierno actual y el que le precedió pues el desequilibrio de las finanzas que viene prologándose en el tiempo tiene como base común los subsidios y las exenciones impositivas al capital y por, sobre todo, el pago de la deuda externa. El kirchnerismo ha sido un pagador serial de la deuda (170.000 millones de dólares) pese a lo cual la deuda se duplicó durante su mandato.

El crecimiento explosivo de la deuda ha empezado a abrir dudas en los “mercados” sobre la capacidad de repago de la Argentina y  ha conducido a una corrida hacia el dólar y una  devaluación de la moneda. Aunque esa devaluación fue consentida por el gobierno, rápidamente acentuó las contradicciones del proceso económico. Ya  precipitó un nuevo naftazo y echa leña al fuego a las tendencias inflacionarias. Por otro lado, para evitar una fuga de capitales incontrolable el BCRA se ha visto obligado a aumentar la tasas de interés de las Lebac, a contramano de cualquier tentativa  de reactivación.

No hay que olvidar que todo este esquema se sostiene  gracias  a un escenario de tipo de interés bajos reinantes en las metrópolis. Un cambio de escenario, como está empezando a ocurrir, representaría un golpe a la política oficial  y a su capacidad de obtener un refinanciamiento de los vencimientos futuros  de la deuda.

Este sistema confiscatorio y parasitario se ha financiado sobre la base de una política de ajuste y ataque  al salario y despidos. Esta política es patrimonio común del gobierno nacional y de las provincias, gobernadas por la oposición. Pero esta enorme sangría, lejos de atenuar ha terminado potenciando todos los desequilibrios económicos, creando las condiciones para un nueva bancarrota nacional. La orientación oficial es tratar de hacer frente a la enorme  hipoteca de la deuda con un mayor ajuste aún, que es el  que se prepara para después de las elecciones a través de una reforma laboral, al estilo de la aprobada en Brasil, una  reforma previsional, un ley de responsabilidad  del estado  y una reforma tributaria.