Crisis en el oficialismo por el caso Sala y la cifra de desaparecidos

Números

El informe que se conoció esta semana es del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), que en 2006 la gestión de Eduardo Luis Duhalde depuró y que el año pasado Martín Fresneda publicó bajo ese título entre los documentos de la página de la secretaría. Allí consta información de legajos individuales, Conadep, del registro de fallecidos, de habeas corpus, de causas judiciales, de otros organismos oficiales y juicios por crímenes de lesa humanidad, entre otros. Es obvio que no abarca la totalidad de los crímenes de la represión, que fue clandestina y cuyos autores mantienen el pacto de silencio.

Aun así Avruj firmó un documento en lugar de invitar a la ONG a visitar la información publicada. Con la firma estampada, La Nación tituló el martes «Avruj dijo que hubo 7010 desaparecidos». Clarín usó un encabezado similar. Pese a que el funcionario explicó de dónde salía ese número y reivindicó la cifra de los 30 mil, lo dejaron pegado a lo que Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos por Razones Políticas e HIJOS Capital denunciaron como un nuevo intento por negar el genocidio y reinstalar un debate que lo que busca es esconder la discusión, entre otras, por las complicidades civiles con la dictadura y el desguace de las políticas reparatorias.

La asociación civil Ciudadanos Libres -que encabeza el abogado denunciador del kirchnerismo José Lucas Mangiocalda- aseguró que el pedido de informe era de agosto y que ante la demora fueron a la Oficina Anticorrupción, quien finalmente obligó la respuesta. En la Secretaría de Derechos Humanos, las fuentes adjudican la jugada política a una interna para desplazar al titular del área.

Milagro Sala

Esa micro crisis en Derechos Humanos del gobierno explotó cuando la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU provocó posturas enfrentadas en el oficialismo que dejaron a la canciller Susana Malcorra, el embajador de DD HH, Leandro Despouy, y el secretario de DD HH de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, de un lado; y a Avruj, Morales y los fiscales de Estado y anticorrupción jujeños del otro. Según publicó el diario La Nación, el martes esa fractura quedó expresada en una reunión en la ex Esma, con Avruj y los jujeños en la postura inflexible de no liberar a Sala, y con el secretario de Derechos Humanos de la cancillería Javier Salgado, y el representante bonaerense insistiendo en cumplir la resolución y con los tratados internacionales que la Argentina tiene firmados.

La intervención de Cantón en el caso de Milagro Sala llamó la atención: ¿qué hace un funcionario bonaerense en un conflicto nacional que involucra, además, a otra provincia? El funcionario no quiso hablar con Tiempo. Pero se sabe que antes de desembarcar en la política bonaerense vivía en Washington donde durante 27 años trabajó en la CIDH. Sus voceros informaron que el viernes viajó a la capital norteamericana a ver a su familia pero no descartaron que extraoficialmente visite a sus contactos de la Corte. Es decir, que igualmente hiciera lobby para evitar un pronunciamiento de la OEA sobre la detención de Sala.  

Antes de que se conociera la resolución del GTDA de la ONU sobre la arbitrariedad de la detención de la dirigente de la Tupac Amaru, Cantón le confesó a organismos de derechos humanos que su postura es que Milagro Sala debe enfrentar el proceso en libertad.

La participación de un hombre de María Eugenia Vidal en lo que se convirtió en un tema de Estado hizo más fuertes las versiones que lo nombran como «número puesto» ante una eventual salida de Avruj. En los pasillos y callecitas de la Ex Esma hay rumores de renuncias y en los últimos días desembarcó Patricia Kulszon como directora de áreas documentales, junto a Marcelo Felizzola en fondos audiovisuales y Mariela Varela en investigaciones históricas. A la primera la identificaron con la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, lo que traza una línea recta hacia la gobernadora bonaerense. Por el momento, el secretario de derechos humanos asegura en La Plata que la silla de Avruj no le interesa. «