Cuatro presas que murieron carbonizadas y una crisis carcelaria que lleva años en Tucumán

Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia murieron carbonizadas. Y abrazadas. Estaban en la Brigada Femenina de Policía de la ciudad de Concepción, en Tucumán, a la espera de ser trasladadas a unidades preparadas para alojar detenidas. Pero el colapso carcelario en la provincia lo impidió.

Todas eran menores de 30 años. Llevaban meses esperando ser trasladadas a la Unidad 4 de Banda del Río Salí, única cárcel de mujeres de la provincia. La protesta del jueves 2 se inició por ese motivo. Y terminó en una tragedia que expuso la crisis de todo un sistema.

“La información que manejamos hoy es que no fue un colchón prendido en forma intencional sino en el marco de un reclamo que una de las personas privadas de su libertad golpeó un foco de una instalación eléctrica que sacó chispas e hizo que se prendiera. Ese reclamo tenía que ver con el pedido de traslado de una de las mujeres condenadas a la cárcel”, señaló Matías Lorenzo Pisarello, coordinador del área de Seguridad y Derechos Humanos de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). E indicó que “tres de las cuatro mujeres eran condenadas. Esto se replica en un montón de comisarías, y el principal reclamo que realizaban era por el traslado”.

Virginia Santana, mamá de Micaela, de 22 años, contó a la prensa que su hija y sus tres compañeras de celda “murieron abrazadas”. Fueron vecinos quienes escucharon gritos desgarradores desde la brigada y llamaron a los bomberos. “¿Cómo puede ser que los policías que estaban a siete metros de la celda no hayan escuchado nada ni salido a llamar a los bomberos antes? Las dejaron morir. La celda, además de la cerradura, tenía un candado”, denunció la mujer.

La dramática muerte de cuatro jóvenes presas expuso la crisis de toda una provincia. “Tucumán tiene un hábeas corpus colectivo iniciado en 2015 por una situación similar en la que fallecieron dos personas en la brigada de investigaciones de Yerba Buena. Hasta diciembre de 2019 hubo 8 resoluciones judiciales que fijaban pautas y algunas órdenes puntuales sobre condiciones de detención y traslados al Poder Ejecutivo. Ese proceso, que analizaba la crisis que atraviesa el sistema penitenciario la provincia y de las dependencias policiales, lleva años y la realidad ha demostrado con este caso que no ha sido superado ni tratado de la manera que la Corte ha solicitado al Poder Ejecutivo”, advirtió Pisarello en diálogo con Tiempo.

“Tucumán tiene una sobrepoblación tanto en el sistema penitenciario como en dependencias policiales. Los cambios que se realizaron no fueron suficientes. En el momento que comenzó ese hábeas corpus el Poder Ejecutivo había informado que tenía aproximadamente 400 personas en dependencias policiales y en el día de hoy salió personal del Ministerio de Seguridad diciendo que hay aproximadamente 1200. Se triplicó el número de personas privadas de libertad en dependencias policiales”, aseguró el abogado.

Desde Andhes cuestionaron que “la posible creación de un establecimiento penitenciario nuevo no puede ser la única alternativa que prevea el Estado para solucionar esta situación. Las personas privadas de su libertad no pueden esperar el reconocimiento de sus derechos a que se construya una cárcel. Hasta entonces el Poder Ejecutivo tiene que implementar medidas tendientes a mejorar las condiciones de detención en dependencias policiales sobre todo, y los jueces tienen que empezar a pensar medidas alternativas de prisión, especialmente para los casos que no tengan violencia en la comisión del delito”. Pisarello alertó que la privación de la libertad está siendo utilizada “como primera opción para sancionar un delito penal y en Tucumán hace exactamente un año se puso en vigencia el código procesal penal con sistema acusatorio, que ha quintuplicado las sentencias penales”. Con procesos más rápidos y mayor cantidad de juicios abreviados, el número de sentencias y detenciones aumentó. “Estamos en un camino en el cual el aumento de las personas privadas de libertad va a crecer y en poco tiempo Tucumán no va a tener lugar para alojarlas”, alertó.