Cuba contra un ataque terrorista y su inclusión en la lista negra de EE UU

Pocas cosas faltan para que Donald Trump termine de demoler el acercamiento entre Washington y La Habana, que trabajosamente había iniciado Barack Obama a fines de 2014. Y entre ellas figuraba hasta esta semana la inclusión del gobierno de Cuba en la lista negra de países que “no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista” de Estados Unidos. El presidente, como se suponía, incorporó a la isla en un documento en el que agregó a Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela. Lo destacable es que lo hizo a pocos días de un ataque calificado como terrorista contra la sede de la embajada cubana en la capital estadounidense. Atentado sobre el que la administración Trump no emitió una frase de condena.

El miércoles, el Departamento de Estado notificó al Congreso un documento de acuerdo a la sección 40A de la Ley de Exportación de Armas en el que afirma que esos países no cooperan en los esfuerzos antiterroristas de Washington. La certificación que esa normativa exige es para la venta o licencia de armamento a naciones extranjeras. Seguramente ninguno de los gobiernos involucrados se harían demasiado problema por verse impedidos de comprar armas en Estados Unidos, sin embargo, la certificación extiende el castigo a otros gobiernos y funciona como una suerte de definición de “país terrorista”.

El mismo día que se conoció esta certificación, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla hizo una conferencia de prensa para rechazar esa definición, que había caído en 2015 tras los primeros acuerdos entre el entonces presidente Raúl Castro y Obama, y para al mismo tiempo exigir que el gobierno Trump se manifieste en torno al ataque del 30 de abril.

Rodríguez Parrilla cuenta en detalles cómo ese día, a la madrugada, fue baleada la sede diplomática cubana en Washington y reveló que la persona implicada en ese ataque, al que no dudó en catalogar de terrorista, es un cubano residente en EEUU, Alexander Alazo Baró.

Se trata de un ciudadano que emigró en 2003 y que integra una comunidad religiosa llamada Doral Jesus Worship Center (Centro de Oración de Jesús) en Doral, Miami Dade, un grupo evangélico particularmente hostil con Cuba que suele alentar la violencia contra el gobierno de la revolución.

Para el ministro de Exteriores cubano, Alazo Baró manifiesta desequilibrios psicológicos, lo que no le impide -y quien sabe si no facilita- la relación con el pastor Frank Lopez, de esa comunidad, que a su vez tiene vínculos con Marco Rubio, un legislador republicano de origen cubano que suele encabezar, también, la ofensiva contra todos los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Otro personaje activo en este grupo es el venezolano Carlos Vecchio, reconocido por Trump como embajador de Juan Guaidó.

Alazo Baró se acercó aquella noche al edificio de la embajada, cerca de la Casa Blanca, quemó una bandera cubana -según el relato de Rodríguez Parrilla- y facilitó la balacera. El canciller destaca la pronta intervención de la policía de Washington y del servicio secreto, que identificaron y detuvieron al agresor.

Pero lamenta que el departamento de Estado recién mostró alguna reacción una semana más tarde. Y que aún hoy no haya emitido ninguna declaración pública de condena a la agresión. Y que, además, se haya dado tiempo para incluir a Cuba en este listado del que Obama la había retirado, como gesto de acercamiento y reconociendo el error de haber mantenido por seis décadas una política de hostilidad que resultó infructuosa.