Hicieron un acto en el ministerio de Economía pidiendo la normalización de las relaciones laborales en el instituto, un escalafón propio y concursos para frenar la "fuga de cerebros" y garantizar la independencia estadística con relación al poder político.

En la protesta, que se realizó el jueves por la tarde, los y las trabajadores leyeron el texto, que tienen como uno de sus puntos fundamentales que “se discuta de una vez por todas una ley que dote al organismo de una norma ‘de la democracia’ que garantice no solo la independencia y respeto a la rigurosidad metodológica y científica, sino también el presupuesto necesario para poder funcionar y dotar de salarios dignos al personal del sistema oficial de estadística”.
Para eso reclaman al presidente que reconozca su carácter de “organismo científico-técnico” y, a partir de allí, contar con “un convenio propio con estabilidad laboral”. Ocurre que los trabajadores de organismos descentralizados, como el INTI o el INTA, cuentan con escalafones propios por fuera del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y perciben salarios que llegan a ubicarse hasta más de un 100% por encima que los de la planta general del Estado Nacional.
Más allá de esa propuesta, señalan la necesidad de que se “garantice con la mayor urgencia el descongelamiento de vacantes necesarias para que casi el 80% de las/los trabajadores del organismo pase a planta permanente con estabilidad laboral inmediata (sin pérdida salarial)” y que “se asegure el presupuesto necesario para que se jerarquice al personal de planta permanente (desde 1994 no hay concursos generales en el INDEC) y, asimismo, se regularice la situación contractual de los más de 300 contratados a través del monotributo”.
En la misma línea de avanzar con la normalización de la estructura del organismo, pidieron al presidente de la Nación que disponga los mecanismos para “terminar con los nombramientos de las/los funcionarios a cargo de las direcciones simples y nacionales, convocándose en este periodo de transición a concursos de antecedentes y oposición”.
Esos reclamos, aseguran, son el punto de partida para lograr un “proceso serio de recuperación y un salto en calidad del organismo”. En esa línea sugieren la obsolescencia de la ley 17.622 que rige la generación de Estadísticas públicas y que fuera promulgada “por el gobierno de facto de Onganía”.
A la hora de poner de manifiesto la situación de los trabajadores destacan que “las y los encuestadores poseen los salarios más bajos del Instituto, muchas veces siendo el único ingreso y sostén de sus hogares”. Para los representantes el papel de los encuestadores resulta crucial en la medida en que encarnan “el primer contacto con el dato” que es el que garantiza “en primera instancia su calidad con una implicancia directa en los indicadores que se construirán posteriormente”.
Al mismo tiempo alertan al presidente acerca de una suerte de fuga de cerebros hacia otros organismos estatales con salarios más convenientes: “Una gran cantidad de trabajadores capacitados y con formación técnica, brindada por el Instituto, han dejado sus puestos de trabajo para incorporarse a otros organismos públicos en donde les ofrecen salarios mucho más elevados.”
Para los delegados de ATE INDEC sus reclamos son el punto de partida para “garantizar a los ciudadanos estadísticas de calidad, que son la base de las políticas públicas y la toma de decisiones” y por eso reclaman su intervención para poner fin a la “falta de independencia del poder político de turno” ya que “configura un clima que podría permitir la injerencia, como se hizo en el pasado, de algún funcionario externo al Instituto”.
Finalmente, con el propósito de tratar estos puntos, solicitan a Alberto Fernández una reunión con el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, para la que sugirieron la presencia del Director del Instituto Marco Lavagna.
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