En Córdoba, el principal sospechoso por el femicidio de Agostina Vega, ex empleado municipal, resultó despedido luego de que estallara el escándalo. En Morón y Zárate, también despidieron a funcionarios por el impacto de hechos delictivos.
Cada delito y cada crimen tiene su propio peso específico, pero estos tres produjeron impactos políticos de diferente intensidad en cada distrito. En dos casos (ciudad de Córdoba y Morón) generaron acciones políticas desde la oposición: al menos dos pedidos de jury a dos fiscales cordobeses y el pedido de expulsión de un concejal, en el caso de la ciudad de Córdoba, y una interpelación en el Concejo Deliberante local, en el caso de Morón.
Ante esas acciones, los oficialismos intentan ofrecer respuestas políticas e institucionales. En ciudad de Córdoba, el intendente Passerini desplazó a un concejal del oficialismo. En Morón, el jefe comunal Ghi envió al secretario de Seguridad del distrito a responder las preguntas de los ediles la oposición.
En esta línea, en los casos donde hay vínculos directos entre el delito y el empleado o funcionario municipal, queda en la lupa el interrogante sobre cómo, desde el poder político, funcionan los mecanismos para seleccionar el personal y para hacer un seguimiento de los antecedentes o, en algunos casos, del prontuario del nuevo o la nueva integrante del equipo de trabajo.
El femicidio de Agostina Vega, en la ciudad de Córdoba, tiene varias aristas para analizar. Una de esas aristas son los vínculos políticos del principal sospechoso del crimen, Claudio Gabriel Barrelier, y cómo funcionaron los controles de todas las -áreas del Estado que no evitaron este desenlace.
Se supo que Barrelier mantenía un vínculo laboral con la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, gobernada por el intendente Daniel Passerini (PJ). En este caso decidieron la desvinculación ni bien explotó el escándalo en los medios. En un comunicado, desde la municipalidad cordobesa manifestaron: “Desde el municipio se informa que Claudio Gabriel Barrelier se desempeñaba como becario desde 2021. En noviembre de 2024 presentó, al igual que el resto de los becarios y a requerimiento de la Municipalidad —mediante Circular de la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano de fecha 5 de noviembre—, un certificado de antecedentes penales en el que no constaba impedimento alguno para la continuidad de sus funciones”.
“El miércoles, al tomarse conocimiento de su detención y conforme al procedimiento que se aplica en este tipo de situaciones, se dispuso el cese inmediato de su vínculo con la administración municipal”, señalaron.
Consultados por Tiempo, fuentes distritales cordobesas aseguraron desconocer que el acusado tenía antecedentes penales que datan de mayo de 2025, donde se lo imputó por privación ilegítima de la libertad calificada.
No fue un antecedente menor: en diálogo con la señal Cadena 3, la víctima que denunció a Barrelier hace poco más de un año contó cómo logró escapar semidesnuda y maniatada de la vivienda Del Campillo 878 de barrio cordobés Cofico, inmueble vinculado a investigación del femicidio de Agostina.
Detalló que Barrelier la mantuvo cautiva bajo amenaza con un arma, y cuestionó a la Justicia por haberlo liberado: el actual acusado por el femicidio de Agostina quedó en libertad luego de tres semanas de arresto y el pago de una fianza de cinco millones de pesos.
Según el gobierno municipal cordobés, la información aportada por la Municipalidad a la Justicia incluye certificados de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y por la Policía de la Provincia de Córdoba, constancias de no inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual y demás instrumentos legales vinculados al caso.
¿Qué pasó con el seguimiento judicial a Barrelier desde mayo de 2025 hasta antes del femicidio de Agostina luego de esa primera denuncia, su arresto y liberación? ¿Cómo el gobierno municipal no se enteró de esa situación y, si se enteró, por qué no tomó ninguna medida hasta que estalló el caso Agostina? Preguntas para los resortes judiciales de la ciudad de Córdoba y para el Municipio.
Pero hay bastante más. En los últimos días, tanto el gobierno municipal como el provincial tuvieron que salir a hacer un control de los daños políticos con acciones concretas.
El intendente Daniel Passerini decidió que el secretario de Políticas Sociales, Raúl La Cava, asuma como concejal en reemplazo del abogado penalista y referente de las 62 Organizaciones Peronistas en ese distrito Ricardo Moreno, letrado que defendió a Claudio Barrelier en la causa de 2025 y quien habría recomendado al principal acusado del caso Agostina para ingresar a trabajar al Municipio cordobés.
De esta manera, el intendente se adelantó a la oposición, que anunció que pediría la destitución de Moreno como concejal. Antes de la decisión del Ejecutivo, la concejal Cintia Frencia, presidenta del Bloque PO – FITU, planteó los argumentos para el pedido de expulsión: “Vamos a iniciar una cuestión de privilegio y pedir la expulsión del concejal Ricardo Moreno del Concejo Deliberante, porque es incompatible con la función de cualquier funcionario público tener a un defensor de violadores y de proxenetas”, acusó en una conferencia junto al colectivo Ni Una Menos.
“De hecho, (Barrelier) no podría haber sido empleado municipal, porque existe un protocolo y una legislación vigente donde los antecedentes penales de este tipo son incompatibles con la función pública dentro de la Municipalidad. Procedimientos legales y administrativos tenemos todos, el tema es que los cumplan”, planteó la edil.
Finalmente, no se llegó a la expulsión de Moreno por el cambio decidido por el intendente Passerini. Mientras tanto, al inicio de la investigación por el femicidio de Agostina, defendió a Barrelier el abogado Jorge Sánchez del Bianco. Yerno de Moreno, el letrado Sánchez del Bianco renunció días atrás a la defensa de Barrelier por “diferencias técnicas irreconciliables” con su hasta entonces defendido.
El poder judicial cordobés también está convulsionado y en este sentido en la Legislatura de Córdoba desde los bloques opositores presentó hasta el momento dos pedidos de jury contra los fiscales Iván Rodríguez (que investigó la causa de Barrelier de 2025) y Raúl Garzón, ante la Sala Acusadora del Jurado de Enjuiciamiento, por un presunto mal desempeño en la investigación del femicidio de Agostina.
Por su parte, el gobernador cordobés Martín Llaryora se reunió con el papá y los abuelos de la adolescente, no dudó en calificar al crimen como femicidio y planteó: “Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”.
Por si todo esto fuera poco, la barra de Instituto de Córdoba salió a despegarse de Barrelier en un comunicado publicado en las redes sociales. “La barra de Instituto repudia cualquier acto vinculado a la desaparición de Agostina. Por medio del presente comunicado desvinculamos al hincha Claudio Barrelier y sus hechos, actualmente investigados por la Justicia”, expresó la barra por medio de su cuenta en Instagram “labarradeloscapangasoficial”.
“Reiteramos que nos encontramos a entera disposición de la familia para lo que necesite en este duro momento”, insistió la barra de Instituto.
Mientras tanto, la justicia ordenó y concretó dos detenciones más en los últimos días, la de un amigo de Barrelier, que sería imputado por encubrimiento agravado, y a la mujer que proporcionó al principal sospechoso el auto Ford Ka con el cual habría trasladado el cuerpo. Siguen en investigación los movimientos y actividades de Barrelier en la casa de Del Campillo 878, lugar al cual ingresó Agostina y donde, según la hipótesis judicial, pasó sus últimas horas de vida. El testimonio de los vecinos, con algunos que incluso se mudaron de ese barrio, adquiere más peso que nunca ante las consultas periodísticas.
En medio de varios allanamientos, efectivos de la Policía Federal encontraron casi medio kilo de cocaína en la vivienda de una funcionaria municipal que hasta ese momento se desempeñaba como directora del Centro Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón. Al cierre de esta nota, esta persona se encuentra prófuga, con pedido de captura nacional e internacional. El gobierno municipal moronense decidió su desvinculación. Sin embargo, esta decisión no evitó que el Concejo Deliberante de Morón, aprobara, por 16 votos a favor y 8 en contra, la interpelación del poder ejecutivo local por esta situación.
El intendente Lucas Ghi tenía la posibilidad legal de asistir en persona a la interpelación o enviar al recinto un funcionario o funcionaria designado por él. El jefe comunal decidió enviar al secretario de Seguridad del Municipio, Damián Cardoso, quien en una extensa sesión en el Concejo Deliberante se puso al hombro la tarea de responder todas las consultas de los ediles.
La solicitud de interpelación se votó en medio de la interna sin tregua que, dentro del llamado campo nacional y popular, mantienen Ghi, alineado con el kicillofista Movimiento Derecho Al Futuro, y el ex intendente Martín Sabbatella, del kirchnerismo cristinista. De hecho, los ediles del sabbatellismo del bloque de Unión por la Patria (actualmente Fuerza Patria) proporcionaron cinco de los votos que posibilitaron el pedido de interpelación.
Por medio de un comunicado, el Municipio moronense reconoció la desvinculación de la funcionaria. “En el marco de los allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito, fueron hallados estupefacientes en una propiedad perteneciente a una funcionaria municipal del área de Políticas de Género”, comenzó el texto. Cabe mencionar que posteriormente, durante la interpelación, el secretario Cardoso aclaró que la Secretaría de Seguridad no generó los allanamientos y que esta parte del comunicado podía ser “confusa”.
“Ante esta situación el Gobierno municipal dispuso de manera inmediata la desvinculación de la empleada involucrada, Luna Ortigoza”, expresó el gobierno municipal, que también destacó que puso a disposición de la Justicia “toda la colaboración y los aportes necesarios” para esclarecer el hecho.
En la interpelación, más allá de la buena predisposición de Cardoso para responder todas las consultas, los ediles opositores no sólo cuestionaron la ausencia del intendente en el recinto, sino que remarcaron que el jefe comunal tampoco envió al Concejo Deliberante a la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio, la abogada Laura De Peri, superior directa de la ex funcionaria prófuga, para brindar detalles de lo actuado en materia de género y para aclarar dudas acerca de las políticas desplegadas por Ortigoza en el área.
También, entre otras aclaraciones, Cardoso detalló que Ortigoza formaba parte de los equipos de trabajo del Municipio desde hacía seis años – es decir, que entró durante la gestión anterior de Ghi- que se había dispuesto su separación de la planta política, que tenía su sueldo “retenido”, que se le efectuó un sumario administrativo pero que todavía no se terminaba de cerrar su desvinculación de la planta permanente. En este sentido, los ediles pidieron celeridad.
Durante la interpelación, también se recordó que, por medio de un decreto, el Municipio nombró a Ortigoza directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025. Y en ese sentido, varios ediles preguntaron por las condiciones de idoneidad de la actual ex funcionaria para ejercer ese cargo.
Por su parte, Cardoso sostuvo que no hay nexo entre el accionar delictivo de la funcionaria y la gestión en el Municipio, y señaló: “Lo que quiero destacar en este caso es la reacción del intendente. Porque es la diferencia. Porque todo lo que vamos a hablar ahora, que son los mecanismos que tiene el Estado para asegurarse sobre la idoneidad, la aptitud, la excelencia de una persona para acceder al Estado público, fallan. Y sobre todo, fallan cuando la persona no tiene ninguna actividad manifiesta en ese sentido. Aquí lo importante es la celeridad de la reacción…lo malo sería que el intendente no la desplace inmediatamente de su cargo…cuando el hecho nos sorprende, lo importante es la reacción del Estado”.
A pesar de que una edil del oficialismo planteó una defensa política de Ghi ante la presunta intención “destituyente” de la interpelación, desde la oposición quitaron dramatismo y le recordaron que el anterior intendente, Ramiro Tagliaferro, del Pro, afrontó seis interpelaciones, en las cuales envió a funcionarios al Concejo Deliberante, sin que eso implicara un intento destituyente.
Por lo pronto, Cardoso confirmó que hay un detenido en la causa, un presunto comprador. Ese presunto comprador habría efectuado pagos mediante transferencias bancarias. Y detalló que de la apertura y peritaje de los teléfonos celulares hallados y de las cuentas bancarias analizadas podrían encontrarse nuevos elementos.
En Zárate, municipio gobernado por el intendente Marcelo Matzkin (Pro), Esteban Ferreyra, uno de los hijos del hoy ex subsecretario de Seguridad zarateño Alejandro Ferreyra, resultó detenido junto a otras personas en medio de un tiroteo con efectivos de la Policía Bonaerense y la Prefectura Naval Argentina. Todos los detenidos tenían pedido de captura.
En este caso, el municipio decidió la desvinculación preventiva del subsecretario de Seguridad Alejandro Ferreyra, a pesar de que el funcionario no tiene, según su testimonio, vinculación con los hechos imputados a uno de sus hijos.
Por medio de X, el intendente Matzkin se refirió a la decisión: “Ante el hecho de público conocimiento en la cual uno de los hijos del Subsecretario de Seguridad ha sido detenido en el marco de un enfrentamiento, y sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, lo que corresponde a la Justicia determinar, he tomado la decisión desafectar preventiva(mente) al subsecretario de seguridad hasta tanto tomemos conocimiento acabado de los detalles”.
“Confió en el relato del subsecretario, quien ha tenido una conducta acorde a la gran tarea desarrollada, en la cual manifiesta que no tenía contacto con su hijo, el cual es mayor de edad y que no residía en la ciudad de Zárate y que enterado de lo sucedido, aportó los datos que a su alcance tenía”, manifestó el jefe comunal del partido amarillo, que destacó “el uso de las cámaras lectoras de patente” del municipio. “Los funcionarios públicos debemos ser ejemplares en nuestro accionar para evitar sospechas o manto de duda”, marcó Matzkin.
Este caso, en parte, es diferente al de ciudad de Córdoba o Morón porque, al menos hasta ahora, el funcionario no está acusado ni sospechado y no hay un vínculo con los hechos delictivos imputados a su hijo. No obstante, la posibilidad de un daño político mayor estaba latente y en ese contexto el intendente Matzkin lo desafectó. Por ahora, la medida funcionó para evitar cuestionamientos mayores.
Las investigaciones de estos tres casos, en la ciudad de Córdoba, en Morón, y en Zárate seguramente continuarán. Quizás, en medio de batallas partidarias, ideológicas y discursivas, desde parte de la clase política se empiece a tomar nota del costo político de no detectar a tiempo a delincuentes disfrazados de militantes en la gestión municipal. Y esto vale, también, para el resto de las niveles y jurisdicciones del Estado.
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