El juez Víctor Pesino cumple 75 años, limite constitucional para ejercer, y pidió seguir en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde dejó sin efecto la cautelar de la CGT que ponía freno a la ley de Modernización Laboral. El respaldo del oficialismo y aliados. Su pliego tiene cuatro impugnaciones de abogados, la CGT y la UOM.
Y es que se trata del juez que dejó sin efecto la cautelar que tenía suspendida la Modernización Laboral. Al día siguiente de su fallo, que puso en funcionamiento los más de 80 artículos que habían sido suspendidos, el Ejecutivo mandó su pliego, lo que despertó las primeras sospechas.
El pliego del juez, además, tuvo impugnaciones de la CGT, la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), la UEJN de Julio Piumato y el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart. De hecho, su presentación fue seguida por Abel Furlán quien estuvo presente en el Salón Azul sentado en primera fila.
“Usted sabe que le llaman juntos a su colega, María Dora González, Bonnie and Clyde”, le lanzó de manera directa el senador Mariano Recalde. El legislador del bloque justicialista agregó: “En tribunales hay muchos rumores, por eso pregunto directamente, ¿usted alguna vez recibió dinero por dictar alguna sentencia?”.
Pesino, cumple 75 años el próximo 27 de julio, edad límite que establece la Constitución para los jueces, y está en la misma situación de Carlos «Coco» Mahiques quien pidió continuar en Casación al alcanzar esa edad. El juez pidió al Ejecutivo la prórroga a su cargo, por cinco años más, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital. Para cumplir con el magistrado, el oficialismo deberá llevar el pliego al recinto antes del receso invernal.
Hasta donde pudo saber Tiempo, la idea es que las firmas del dictamen queden listas para poder convocar a una sesión la semana que viene, al que sumarían el postergado tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. En principio, los libertarios contarían con el apoyo de los bloques aliados.
En cuanto a la exposición de Pesino, el magistrado comentó que ingresó a la justicia nacional del trabajo en el año 1971. “Pase por casi todos los cargos administrativos y en 1989 juré como juez de primera instancia del trabajo designado por Raul Alfonsín”.
“Luego de 20 años de estar a cargo de un juzgado de primera instancia, consideré que era el momento de concursar para llegar a la Cámara, cosa que logré en el 2011, designado por Cristina Fernández de Kirchner”, agregó.
Asimismo, Pesino señaló: “Desde que fui designado juez de primera instancia, debo haber firmado más de 5 mil sentencias. Siempre me he jactado de apegarme a la Constitución, respetar los derechos humanos, resolver teniendo a la vista una perspectiva de género. Cumplir con desempeñar el cargo de manera legal”.
El camarista explicó que pidió la prórroga porque entre sus objetivos les prometió a sus hijos no morir antes de los 100 años y seguir desempeñándose en la magistratura como lo hizo hasta ahora: “Estoy física y plenamente capaz para continuar desempeñándome como magistrado. Amo lo que hago y mi intención es seguir cumpliendo con mi función”, afirmó.
Entre las preguntas que hizo Recalde, le consultó al juez sobre sus vínculos con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y la casualidad del timing con el que el gobierno mandó su pliego al Congreso.
Pesino respondió que se reunió una sola vez con el ministro: “Fue una charla de 5 minutos porque ya tenía mis antecedentes por parte del doctor Sebastián Amerio. Me preguntó por el traspaso de la justicia nacional a la Capital Federal”, indicó.
Y es que según relató el magistrado, había solicitado la prórroga en agosto del año pasado. “Amerio me citó en noviembre, tuvimos una primera entrevista. Me volvió a citar el 3 de marzo, pero me atendió un asesor porque a él había sido citado a la Casa de Gobierno de forma urgente”.
“Mi nuevo nombramiento quedó trunco. Asumió el nuevo ministro de justicia y en abril me informó que iba a dar comienzo el trámite de mi nuevo nombramiento. No fue al día siguiente porque venia todo marchando desde el día antes. Solo coincidió la fecha”, aclaró.
En cuanto a la situación de la intervención del gremio metalúrgico, Pesino manifestó: “No es la primera vez que intervenimos un sindicato”. Además, aclaró: “Nunca estuve vinculado a ningún partido político porque cuando entre al poder judicial me dijeron que los empleados judiciales no tienen que intervenir en política y me lo tome al pie de la letra”.
Entre los cuestionamientos, se acusa al camarista de tener “un récord de 2700 expedientes acumulados sin resolución”. Ante la consulta de Recalde, Pesino respondió: “Sino se cubren las vacantes es imposible resolver el Estado de atraso de los expedientes”.
“Recibimos aproximadamente 600 expedientes mensuales y materialmente es imposible resolver esa cantidad. Es casi imposible de poder llevar porque la realidad indica que humanamente una persona no puede resolver causas en tanta cantidad como para poder compensar la cantidad de expedientes que como contrapartida ingresan mensualmente”, respondió.
Durante la audiencia pública, defendieron sus pliegos otros candidatos como Claudia Jueguen, Marina Edith Pisacco (pareja del periodista Adrián Ventura), Diego Javier Tula, Diego Fernando Manaura y Claudio Fabián Loguarro. Además de Leopoldo Rago Gallo, único postulante del interior presente, en este caso de la provincia de San Juan.
El presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, denunció que “no es lo válido” lo ocurrido hoy en la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, donde el oficialismo buscó aprobar una serie de pliegos de jueces, al estar ese cuerpo asesor legislativo conformado de manera indebida e ilegal.
“No es válido lo que está pasando acá”, disparó el formoseño al recordar que, mediante una maniobra que no respetó la proporcionalidad surgida de las urnas, el oficialismo y aliados le quitaron lugares al interbloque opositor y se conformó una mayoría momentánea a pedido de los intereses de la Casa Rosada.
A la vez, como jefe del interbloque Popular, expresó su “disconformidad por la falta de consideración que se tuvo con nuestra bancada” e insistió en marcar que lo hecho por el oficialismo parlamentario, tanto en la conformación de las comisiones de la Cámara Alta como en la en forma de administrar el tratamiento de los pliegos de jueces en la comisión de Acuerdos, es violatorio del Reglamento del Senado y de la Constitución Nacional.
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