El camarista Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, defendió su pliego este jueves para acceder a la prórroga por cinco años más en su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal. El camarista está próximo a cumplir 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional. El despacho contó con las firmas de senadores oficialistas y aliados y ahora el oficialismo podría tratar la designación en el recinto el próximo 28 de abril. En tanto, el peronismo no pudo firmar dictamen de rechazo porque siguen los problemas con los lugares en las comisiones.
Con impugnaciones de por medios, el magistrado expresó en la Comisión de Acuerdos del Senado: “Lo que se está evaluando en este momento es mi condición para ratificarme en este cargo, fuera de toda discusión de la designación en sí misma. Es una decisión soberana que el senado tomó y el Poder Ejecutivo acató”.
El principal cuestionamiento fue formulado por la senadora del bloque Justicialista, Anabel Fernández Sagasti, quien hizo referencia a las impugnaciones que presentó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Al respecto, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Bertuzzi” de 2020 —posterior a ese traslado—, estableció que los traslados son actos provisorios que no pueden equipararse a los nombramientos. “Si el Senado otorgara un nuevo nombramiento a Carlos Mahiques, estaría convalidando una práctica que ya ha sido declarada inconstitucional por la propia Corte Suprema”.
En esa misma línea, su par de bancada, Martín Soria, manifestó: “Nos acaba de decir que el fallo del 2020 no sería aplicable en su caso, lo que es una falacia. Fue trasladado a dedo por el expresidente Mauricio Macri porque pertenece a un grupo selecto de magistrados”.
“El fallo dice en el considerando 36: convalidar judicialmente una nueva modalidad de nombramiento o designación definitiva para cubrir un cargo de juez por fuera de la secuencia (concurso, nominación y acuerdo) supondría violentar la Constitución Nacional. Debiendo en tal caso explicar los motivos del apartamiento”, agregó el rionegrino.
En ese camino, Soria afirmó que “casualmente en este gobierno están los mismos funcionarios que estuvieron en el macrismo y que permitieron la colonización del Poder Judicial en la Argentina, poniendo a dedo y trasladando un selecto grupo de jueces, que generó lo que se conoce como el partido del poder judicial”.
“Ese grupo de magistrados fue parte del armado de causas truchas, avalaron espionaje ilegal, privó de manera ilegal a funcionarios públicas, se inventaron doctrinas y teorías increíbles”, denunció el senador de Río Negro. Y le consultó a Mahiques si cree que no tiene afectada su independencia judicial.
A lo que Mahiques respondió: “No es un nuevo nombramiento sino una prórroga. No me hago cargo de ninguna de las denuncias que hace en general a un selecto grupo al que nunca pertenecí. He servido al Estado no por una razón ideológica sino por un aporte de naturaleza técnica y de experiencia. Mi prologo es mi pasado”.
El recuerdo del polémico viaje a Lago Escondido
La respuesta vino tanto de Fernández Sagasti como de Soria. Los senadores acusaron a Machiques de “falta de ética por haber aceptado beneficios de un grupo empresario con intereses directos con los tribunales que usted integra”.
En ese sentido, Soria señaló que ese viaje, en el año 2022, “expuso vínculos promiscuos entre grandes medios de comunicación, personajes del espionaje, funcionarios judiciales y magnates que ponen la casa con lago”.
El magistrado se defendió. “Me cuide muy bien de verificar, cuando hicimos ese viaje de amigos, que no me financió ninguna empresa”, se excusó. También reiteró que “no pedí licencia porque el único tribunal que tiene jurisdicción en todo el país es Casación Federal y en consecuencia, de algún modo, seguí trabajando”.
“En lo penal, se decidió el sobreseimiento de los denunciados por inexistencia de delitos y fue el propio presidente de la República (Alberto Fernández), en ese momento, quien reconoció en comunicación oficial que parte de la prueba adquirida había sido de manera ilegal”, concluyó.
