La Justicia Federal de San Isidro le puso fecha a la declaración indagatoria del ex diputado nacional José Luis Espert. El economista deberá ejercer su derecho a defensa en el marco de la causa que lo investiga por lavado de dinero tras recibir un pago de u$s 200 mil de parte de una empresa ligada al empresario acusado de narco Federico “Fred” Machado.

Tiempo confirmó que la citación se fijó para el martes 30 de junio. Lo hizo el juez Lino Mirabelli. Ese día, el ex candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza en las últimas legislativas ejercerá su derecho de defensa tras el pedido que hizo el fiscal Fernando Domínguez.

Este funcionario, que tiene delegada la investigación, viene de pedir que sea indagado tras detectar una serie de maniobras desplegadas por Espert para intentar eludir la declaración del pago que recibió de Machado.

Entre otras cuestiones, el fiscal había concluido que el pago fue en el marco de un contrato que firmó Espert con la firma Minas del Pueblo de Guatemala, ligada a Machado. Pero determinó que ese contrato fue una simulación por varias razones:

-La primera es que se habría firmado en Guatemala el 19 de junio de 2019, pero Espert no registra viajes al exterior. “Tampoco registra viajes antes ni después”, afirmó el fiscal. “Tampoco existe constancia siquiera de al menos una visita a la mina de Guatemala sobre las que (Espert) tenía que proyectar su plan de trabajo”, añadió.

-Que si bien el contrato tenía como objetivos la realización de un análisis de mercado, el asesoramiento integral para refinanciar su deuda y la confección de un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, los dos últimos puntos no eran factibles de por sí. El primero porque de acuerdo a lo que reconstruyó el fiscal la firma no tenía deuda para refinanciar. Y el segundo porque se pretendió poner en cabeza de Espert estudios que “resultarían imposibles de ser llevados adelante por un economista (por Espert). (…) No existe tan siquiera una sola mención de que Espert hubiera contratado y/o consultado a profesionales y/o estudios especializados en minería.

La causa por lavado de activos contra Espert se inició a raíz de una denuncia que presentó el diputado nacional Juan Grabois. Fue tras hallar en documentos judiciales de la causa que se sigue en Estados Unidos con Machado el registro de una transferencia al ex diputado libertario en una cuenta radicada en ese país. Esos fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Tittle Inc., investigada por formar parte de la Organización Criminal Trasnacional ligada a Machado.

En el marco de la causa, Espert fue allanado. La Justicia también le restringió el acceso a sus bienes y rechazó en varias oportunidades los reclamos de su defensa para anular esas medidas cautelares sobre su patrimonio. La última vez, la Cámara Federal de San Martín convalidó el rechazo a sus reclamos pero le recordó al juez que ese tipo de medidas eran temporales, lo que implícitamente se leyó como un pedido para que se agilice la causa. Ahora, con la citación a indagatoria, el expediente avanzó hacia un paso procesal clave que podría derivar en un procesamiento.

Domínguez, el fiscal, también pudo corroborar cómo la detención de Machado en abril de 2021 intensificó los intercambios entre tres de los contadores de José Luis Espert. ¿El objetivo? disimular de algún modo esos u$s 200 mil que recibió el ex diputado en una cuenta no declarada del exterior.

Esas conversaciones de las que participó el contador Mariano Cosentino giraron en torno a la evaluación de alternativas para evitar un mal mayor en torno a ese pago no declarado. Se evaluó “mostrar todo” y afrontar costos impositivos; declarar una “prestación de servicios incumplida” para evitar costo impositivo y luego declararlo como una indemnización; presentarlo como una donación o “no mostrar nada” y forzar la declaración jurada.

“La decisión de no mostrar nada, adoptada evidentemente por la única persona que así o podía decidir -Espert-, encontró reflejo en los días subsiguientes en las DDJJ de Bienes Personales y Ganancias presentadas a instancias del nombrado en el órgano recaudador”, afirmó el fiscal. Y agregó que allí omitió declarar la cuenta en la que recibió el depósito de u$s 200 mil y el saldo remanente que le quedó, de poco más de u$s 118 mil.