A 50 años del golpe de Estado genocida, y cuando desde el Gobierno nacional se propagan discursos negacionistas, una agrupación de hijos y familiares de detenidos desaparecidos decidió impulsar un habeas corpus colectivo para que el Estado brinde información sobre el destino final de cada una de las personas que fueron secuestradas por la maquinaria de la represión ilegal, y cuyo paradero aún se desconoce.
Establecer la verdad completa es el propósito que guía a quienes componen el colectivo SonSinCuenta, que en las primeras horas del pasado 24 de Marzo presentaron un recurso ante la Justicia para saber qué sucedió con los desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.
La pretensión de los más de 150 solicitantes que firmaron este escrito es que el Poder Ejecutivo Nacional tome medidas en ese sentido con la intención de dar “un paso más en el camino de Memoria, Verdad y Justicia”.
Tras el cumplimiento de varios pasos procesales, la Cámara Federal Porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, aceptó la validez del reclamo y debe resolver ahora la forma de instrumentarlo, algo que debería suceder en los próximos días.
“Se trata de un pedido de habeas corpus colectivo que se basa en el derecho a la información y a la verdad, que están avalados por la jurisprudencia de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-Cidh)”, señaló en diálogo con Tiempo Argentino el exdiputado Luis Zamora, uno de los abogados que patrocina el requerimiento de los SonSinCuenta.
Letrado con una vasta trayectoria en causas de lesa humanidad, Zamora afirmó que “el Estado debe cumplir con su obligación de decir la verdad y contar qué les pasó a los desaparecidos. Es inaceptable que nos digan que nadie los está buscando”.
Un recorrido hacia la verdad
El término de este colectivo se basa en un juego de palabras con el último aniversario del golpe y es también una respuesta a quienes cuestionan el número de los 30 mil desaparecidos, al sostener que, si esa cifra no puede precisarse es porque el Estado no dio respuestas sobre el destino de las víctimas. “Realmente, son sin cuenta”, explican los integrantes de esta iniciativa.
“Somos un grupo abierto a otros sectores de la sociedad y buscamos la verdad reivindicando la militancia de nuestros padres y familiares”, remarcó Sofía Caravelos, abogada e hija de Jorge Caravelos y Lucía Swica Wasiuneck, militantes desaparecidos en mayo de 1978.
El habeas corpus colectivo impulsado por SonSinCuenta fue presentado a las 3:10 de la madrugada del Día Nacional de la Memoria, a la misma hora en la cual se inició hace medio siglo la asonada que instaló a en el poder a la última dictadura cívico militar.
El Palacio de Tribunales, ubicado en Talcahuano y Lavalle, fue escenario de la presentación de este habeas corpus ante los tribunales, con un acto que tuvo como antecedente un trámite similar que se inició el 24 de marzo de 1996, a la misma hora.
“Esa iniciativa fue impulsada por la regional de HIJOS de la Capital Federal y no pudo avanzar porque estaban vigentes las leyes de impunidad y no había voluntad de avanzar con investigaciones sobre el destino de los desaparecidos”, recordó Sofía.
Pero en esta oportunidad, el recurso sigue en trámite y a la espera de una resolución de la Cámara, lo que alienta a los miembros de SonSinCuenta a insistir con el reclamo de información al Estado.
Según lo establecido por la ley 23098 de habeas corpus, los requerimientos formulados ante la Justicia deben ser contestados en 24 horas. Al día siguiente de la presentación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 59 se declaró incompetente y las actuaciones se giraron a la Justicia Federal.
En ese fuero, el juez federal Sergio Ramos, en consonancia con un dictamen elaborado por el fiscal Ramiro González, se aceptó la legitimidad del reclamo en función del “derecho a la Verdad, la Memoria y la Justicia”, pero sostuvo que “la pretensión de fondo -conocer el destino final de los familiares- no puede razonablemente ser alcanzada con la premura y agilidad propia del remedio intentado”.
Los demandantes apelaron ante la Sala II de la Cámara Federal, que revocó la decisión del magistrado Ramos, al reconocer “la legitimidad y justicia del reclamo implica asumir el deber jurisdiccional de poner al alcance de aquellos las herramientas necesarias para su atención a través de una respuesta judicial efectiva”.
“Esta última no se alcanza si se omiten acciones conducentes para encausar la pretensión”, se subrayó desde el Tribunal. No obstante, los magistrados explicaron que “por la naturaleza” del reclamo no puede encausarse en el plazo de 24 horas establecido por la Ley.
En consecuencia, la Cámara ordenó que el legajo se remita a los 12 juzgados del fuero en los cuales se tramitan causas de lesa humanidad.
Ramos propuso tomar entre la letra A y la B del listado de los más de 150 denunciantes para dar una respuesta a los reclamos, algo que fue rechazado por los integrantes del colectivo, que volvieron a insistir con exigirle medidas concretas al Poder Ejecutivo.
En este contexto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal informó que, en su jurisdicción del AMBA, se identificaron los restos de 409 personas que figuraban como detenidas desaparecidas, y que 335 fueron devueltos a sus familiares.
“Lo que estamos pidiendo es que la Cámara resuelva una orientación y curse un oficio al Poder Ejecutivo para que tome medidas”, subrayó Zamora.
El pasado 7 de mayo, los magistrados Irurzun, Boico y Farah convocaron a una audiencia pública en los Tribunales de Comodoro Py, donde los hijos y familiares de detenidos desaparecidos que promueven esta acción fueron escuchados.
En el marco de una reunión cargada de emotividad, los letrados del colectivo argumentaron sobre “la dignidad, el derecho al duelo y la obligación imprescriptible que tiene el Estado de dar respuestas”.
“Reconocemos todo lo que se hizo en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Queremos que se dé un paso más. Nos basamos en lo que dice el artículo 43 de la Constitución en materia de derechos colectivos. Hasta ahora, no hubo un rechazo ‘in limine’ de parte del Tribunal y eso es positivo”, destacó Marcela Dal Santo, otra de las letradas que acompaña esta presentación.
Los representantes legales de SonSinCuenta consideran que la decisión de la Cámara debe producirse en los próximos días, y de esta forma se podría abrir la tramitación de este habeas corpus colectivo.
“Vamos a esperar cuál es el fallo de la Cámara y si se cursa un pedido de información al Poder Ejecutivo. En caso contrario, apelaremos a Casación y la Corte para que nos digan dónde están y qué pasó con los desaparecidos”, concluyó Zamora.
