Preocupación en el movimiento de Derechos Humanos por las demoras de la jueza Vence en la megacausa Campo de Mayo

Desde hace años la jueza federal 2 de San Martín, Alicia Vence, mantiene la megacausa Campo de Mayo en un letargo: cada tanto, la magistrada resuelve algún procesamiento o elevación a juicio, pero la mayor parte del tiempo los expedientes se encuentran parados y, en promedio, toma una declaración indagatoria al año.

Ese ritmo genera preocupación en el movimiento de derechos humanos, que ve cómo se mueren o son apartados los acusados por delitos que ocurrieron hace más de 40 años mientras que todavía falta tomar declaración indagatoria a 50 acusados ya identificados. 

Según el colectivo Mario Bosch, que agrupa a abogados en causas de lesa humanidad en todo el país, en la causa 4012 por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo, en los últimos cinco años hubo 15 pedidos de llamados a indagatoria de las partes acusadoras, querellantes y fiscalía, y la jueza no dio curso a ninguno.

Apenas unos días atrás, la magistrada firmó el procesamiento de siete exmilitares que integraron el Departamento II de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. La fiscalía había presentado la acusación a mediados de 2023, casi dos años antes, junto con otros 17 acusados de las áreas de Personal y Operaciones.

La actuación de Vence fue denunciada varias ocasiones ante el Consejo de la Magistratura, pero nunca avanzó la investigación. Otra instancia para abordar esas demoras es la Comisión Interpoderes, que fue creada por la Corte Suprema en 2008 para agilizar los juicios de lesa humanidad e integra a los organismos de derechos humanos, el Poder Judicial y el Ejecutivo, pero el máximo tribunal no la convoca desde hace años. 

Además de la causa central por la represión en Campo de Mayo, el juzgado federal 2 de San Martín tiene a su cargo varias causas sobre responsabilidad empresarial como Mercedes Benz, que tiene fecha para arrancar el juicio oral en el segundo semestre de este año. 

El expediente permaneció 8 años parado sin que la jueza aceptara los pedidos para indagar al exgerente de producción de Mercedes Benz Argentina, Juan Ronaldo Tasselkraut, el único acusado con vida. Cuando finalmente hizo lugar al pedido insistente de las querellas para indagarlo en 2022, poco tiempo después la jueza le dictó el sobreseimiento por su responsabilidad en 17 secuestros, a pesar del testimonio contundente de Héctor Aníbal Ratto, sobreviviente de Campo de Mayo y trabajador de Mercedes, que lo involucró. 

La Cámara de San Martín revocó luego el sobreseimiento y finalmente el empresario terminó procesado por dos de los 17 hechos que le imputaban las querellas y la fiscalía. A fines de 2023 fue elevado a juicio. 

Otro caso testigo es el de los ceramistas. La causa por los crímenes contra trabajadores de las empresas Cerámica Cattaneo y Porcelana Lozadur, que funcionaron en Villa Adelina, nació en 2014 y recién en 2023 fueron llamados a indagatoria los directivos de las empresas. 

A mediados de 2024, 10 años después de iniciado el expediente, fueron procesados Alfredo Katzenstein y Miguel Luis Puigdevall, exgerentes de Cerámica Cattaneo y Porcelana Lozadur, como partícipes necesarios de los crímenes sufridos por 11 obreros y obreras, todos desaparecidos.

La noticia del procesamiento llegó al día siguiente de una movilización realizada por querellantes, víctimas y familiares al juzgado de Vence por la parálisis en las causas de lesa humanidad. El reclamo fue acompañado por las agrupaciones Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones.

“Hay que estar presionando todo el tiempo para que muevan un papel cada 10 años”, dijo en ese momento la denunciante Liliana Giovanelli, querellante por la desaparición de su compañero, Juan Carlos Panizza.