Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación aseguran que no hubo notificación previa ni control judicial. "Esto es una venganza por los reclamos que hicimos por la continuidad de los centros de estudiantes en las cárceles", afirmaron los detenidos.
Este accionar de las autoridades penitenciarias vulnera en forma directa el llamado fallo López vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también el Protocolo de Traslados del propio SPF. De este modo, violaron derechos fundamentales, como la defensa y la continuidad educativa de los universitarios.
Se trata de una orden dictada por la Dirección General de Régimen Correccional del SPF. Lo hizo mediante una disposición interna. Los detenidos estudiantes y otros fueron trasladados desde el penal de Devoto al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Los detenidos aseguraron: «Esto es una venganza por los reclamos que hicimos por la continuidad de los centros de estudiantes en las cárceles». Sucedió tras la Resolución 372/25 de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, «que prohíbe el funcionamiento de estos espacios educativos formados por nosotros».
En este marco, Tiempo mantuvo un diálogo con Ariel Cejas Maliare, abogado y procurador penitenciario adjunto: «Nuestros equipos de trabajo entrevistaron a varias de las personas que fueron trasladadas y contaron que ellos y sus defensores no fueron debidamente notificados con 72 horas de antelación como corresponde. Porque así lo establece el Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad».
Cejas Meliare continuó señalando que este reglamento penitenciario: «Apunta a garantizar el derecho de defensa y el control judicial previo a cualquier traslado. En este caso puntual que nosotros denunciamos, la omisión de los procedimientos reglamentarios representa un grave incumplimiento de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos», denunció.
El procurador detalló que varios de los involucrados cursan estudios en el Centro Universitario Devoto, y recordó que, según el artículo 4º del protocolo penitenciario, no se pueden realizar traslados sin garantizar la continuidad académica. Advirtió que las autoridades no respetaron esta norma, lo que calificó como una falta grave.
Uno de los detenidos afectados, además de ser estudiante de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es un referente del grupo de presos universitarios. Sus funciones como tal, están reconocidas judicialmente en el marco de una resolución dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3.
Por lo cual, su injustificado traslado es una violación a esta resolución de la justicia federal y afecta el ejercicio de la libre representación de las personas privadas de libertad alojadas en el penal de Devoto.
«Es por todo esto que nosotros solicitamos al juzgado que interviene, la inmediata suspensión de los traslados dispuestos, hasta que las autoridades penitenciarias -reclamó el procurador- garanticen el cumplimiento del protocolo de la propia fuerza a la que pertenecen» subrayó Cejas Meliare.
Agregó que solicitaron una audiencia judicial urgente con los detenidos afectados, así como la elaboración de un informe detallado sobre sus condiciones actuales de detención en los penales donde fueron trasladados. Destacó que este tipo de episodios vulnera directamente los derechos civiles y políticos de los detenidos.
«Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los Derechos Humanos en contextos de encierro y advertimos que acciones de esta naturaleza pueden generar que Argentina sea señalada a nivel internacional, ya que se ignoró el fallo López vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», finalizó.
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