Denuncian irregularidades en la muerte de Ramiro González, a manos la Policía Bonaerense

La Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires señaló irregularidades en la causa por el asesinato de Ramiro González, de 23 años, quien recibió varios impactos de bala de la Policía Bonaerense. Este hecho de violencia institucional ocurrió en junio del año pasado en el partido de José C. Paz, jurisdicción de la comisaría 2ª de Frino.

Desde la institución policial sostiene que el joven “abordó un Uber en el barrio Néstor Kirchner, en el que venía una mujer y donde se desató una discusión”. El vehículo avanzó treinta metros hacia adelante y se escucharon las detonaciones -al menos un cargador- de una pistola 9 milímetros. Interviene la Fiscalía 20, el Juzgado de Garantías Nº3 de San Martín y el policía asesino continúa libre.

El oficial principal Ángel Darío Kerk fue quien protagonizó la balacera mientras estaba vestido como civil y dijo que el joven “intentó robarme el auto, la cómplice era la mujer que venía abordo”. Sin embargo, los familiares de la víctima aseguran que esta joven “era la amante de Ramiro, con quien tenía un hijo y también mantenía una relación amorosa con el policía asesino”.

En los meses previos al homicidio, el sargento Damián Carrizo de la misma fuerza de seguridad intentó robarle la moto al hermano de Ramiro y fue detenido por un móvil oficial tras una persecución de varias cuadras. Luego, durante la primera semana de diciembre del año pasado, un grupo de policías entró sin orden de allanamiento a la vivienda de los padres del joven asesinado, en el barrio Sol y Verde, denunciaron que “nos torturaron y nos desvalijaron la casa”.

Precariedad judicial

Les costó mucho dialogar con la fiscalía por el caso de Ramiro González, “porque siguen con el mismo temperamento de no contestar cuando les preguntamos, además les hicimos varias reiteraciones. Tuvimos acceso a la Investigación Penal Preparatoria (IPP), estudiamos la causa en papel y lo que ellos finalmente nos enviaron”, aseguró a Tiempo Ignacio Álvarez, director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

En el análisis que realizaron “hay muchas cosas que no nos quedan claras, como ser, los registros a Uber, los registros al 911, las pericias, la balística, el barrido, algunas testimoniales, los videos que la familias presentó como pruebas en un perdáis, son muchas cosas que no nos permiten avanzar”, apuntó Álvarez. La postura que ha tomado la fiscalía “nos impide hacer alguna presentación que incida en impulsar la causa, lo cual nos imposibilita a proceder legalmente, porque nos faltan elementos que no nos brinda”, denunció el director provincial.

También señaló que el silencio de los funcionarios judiciales “se traduce en la falta de acceso a la Justicia y dificultades que tenemos como contralor en el marco de nuestras competencias en este tipo de casos, donde están involucrados policías de las distintas fuerzas de seguridad”, aseguró Álvarez.

Esto funciona así, “en cuanto tendrían que impulsarse con determinados criterios de investigación, sobre todo que sean en plazos razonables y de manera exhaustiva. Hay varias cuestiones que no estamos pudiendo resolver porque la fiscalía no nos está brindando la correspondiente información que les pedimos hace varios meses y reiteradas veces”, se quejó el director provincial.

También están pidiendo información de la causa del allanamiento realizado sin orden judicial en la casa de los padres de Ramiro González. El dueño de la vivienda, Miguel Cortez, de 44 años, hizo la denuncia -a la que este diario tuvo acceso- ante la Fiscalía 19 de Malvinas Argentinas descentralizada del Departamento Judicial de San Martín; interviene el Juzgado de Garantías Nº1.

Sobre el caso de gatillo fácil

Este hecho de violencia institucional ocurrió el pasado viernes 30 de junio en la manzana 7 casa 1 del barrio Néstor Kirchner, en el partido bonaerense de José C. Paz, alrededor de las 20:30 horas. Andrea Saravia y el sargento Diego San Juan estaban de ronda por el lugar en el móvil 31332, recibieron un llamado del 911 y se hicieron presentes en esta dirección.

En el lugar no hay cámaras de seguridad, lo que impide contar con registros fílmicos. Cuando llegó el patrullero estaba el Fiat Palio blanco estacionado, cuyo propietario se identificó como Ángel Darío Kerk, un policía de 45 años, oficial principal de la Bonaerense. Declaró que fue “interceptado en el lugar por un sujeto masculino y una mujer que le apuntaron con un arma de fuego, abordaron su vehículo y le sacaron el celular.

El uniformado dijo que la víctima le mostró un arma y que por eso le disparó dos veces, también sostuvo que Ramiro le volvió a apuntar con el arma, ahí le disparó dos veces más y la autopsia practicada indicó cinco. Sin embargo el cuerpo del joven tiene al menos siete tiros: en la morgue hicieron entrega de la ropa que tenía puesta -a la que este diario tuvo acceso- y se puede observar todos los balazos.

La mujer que estaba con Ramiro, su amante -Jaquelin Ruíz- con la que tenía un hijo, corrió y desapareció de la escena, después buscó a su hijo, se fue y nadie supo más nada de ella. En el lugar, según la versión policial, encontraron una pistola marca Bersa calibre 22, sin cargador ni proyectiles, que supuestamente era el arma de Ramiro.

Un dato que generó sospecha es que el joven fue asesinado en la puerta de su propia vivienda de la manzana 7 casa 1 del barrio Néstor Kirchner. Lo que pone en duda que Ramiro haya protagonizado un hecho de esta magnitud en el propio lugar donde vivía.