Denuncian negligencia de Murata, aportante de Cambiemos, en la muerte de dos vigiladores

«Es una dictadura», le dice Nidia a Tiempo al referirse a la empresa Murata, que ofrece servicios de vigilancia a privados y a organismos públicos. Nidia es hija de Miguel Ángel Olmedo, uno de los dos empleados de Murata que fallecieron por Covid19 en los últimos días.

Miguel tenía 64 años, estaba a tres meses de jubilarse y arrastraba afecciones cardíacas. Formaba parte de la población de riesgo y había solicitado su licencia que le concedieron por 14 días. Una vez vencida y ante el pedido de renovación, la empresa le dijo que se la otorgarían pero sin goce de haberes, «violando el DNU del gobierno», recuerda con bronca Nidia.

Ante esa situación, Olmedo no tuvo otra opción que aceptar volver a su 2objetivo», como lo llaman en la jerga del gremio. Pero la empresa, como represalia, decidió que ya no iría al Cementerio de la Recoleta, donde cumplía sus funciones habitualmente, sino a un galpón dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en la Villa 31, justo debajo de la autopista donde está situado el Barrio Mujica que, para entonces, era uno de los focos más marcados de penetración del virus. Semanas después, el 12 de mayo, Miguel comenzó a mostrar síntomas y el 28 de mayo, luego de diagnósticos fallidos, internaciones tardías en terapia intensiva y negativa de traslados a otras unidades sanitarias, falleció.

«Nos negaron el traslado y el plasma que suplicamos mientras que a (Martín) Insaurralde se lo dieron enseguida», se lamenta Nidia que, además, asegura que entre los trabajadores se sabe que además de las de Miguel y Juan Campos, las muertes por coronavirus son al menos cuatro pero que la empresa «las tapa con plata». Ahora asegura que quiere justicia «y que no muera nadie más por la desidia de una empresa que no cumple con los protocolos ni garantiza la protección». Por eso ya radicó una denuncia en la fiscalía N° 6 de Lomas de Zamora por «Daños, homicidio culposo e incumplimiento de la protección de los trabajadores por falta de elementos de protección».

Nidia, además, asegura que «para amedrentarnos juegan con la necesidad de las familias. Mi mamá tiene problemas de salud y no nos pagan la liquidación final. No brindaron atención psicológica y ni siquiera nos dieron el pésame».

Pero Murata no una empresa cualquiera. Se trata de una de las tres principales agencias, junto con Comahue y Briefin, que emplean la mayoría de los 150 mil vigiladores declarados en todo el país.

Daniel Jacobsen, secretario de prensa del Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (Sitca), denunció a Tiempo que «no cumplen ningún protocolo. La consigna es seguir trabajando. No aíslan a los casos sospechosos y a los compañeros con síntomas no les dan autorización para hacerse los estudios». El Sutca asegura que hay 500 casos de vigiladores contagiados confirmados pero «es una cifra que se puede triplicar, las empresas tapan los casos».

Por ejemplo, explica, «en el edificio donde vive Belén Francese tenemos dos compañeros positivos. Pero nos enteramos de manera informal». Jacobsen explica que «a los contactos estrechos no los aíslan, los reubican. Un día en una estación de tren, otro en un supermercado y otro en un edificio público. La rotación es inherente a nuestra función pero la empresa la usa como disciplinamiento. En el caso de Olmedo, no había razones operativas para el traslado. Así dispersan el virus por todos lados».

La empresa es propiedad de Roberto Raglewski, quien recayó en el rubro luego de ejercer como jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y fuera pasado a retiro en 2004 por estar involucrado en dos presuntos robos consumados por personal a su cargo en el transcurso de sendos operativos. También ofició como jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía. Estando al frente de la comisaría 45ª, fue acusado de estar involucrado en dos casos de gatillo fácil. «Siempre se quedaba con un vuelto», denuncia Jacobsen que asegura que esa práctica, ahora, la realiza desde el otro lado del mostrador: «Se quedan con todas las licitaciones públicas. En el rubro hay una cultura del retorno. Se ve en los bancos y hasta en comisiones de seguridad de countries, no dejan pasar una».

El organismo que debiera controlar la actividad de las empresas en la Ciudad es la Dirección General de Seguridad Privada, a cargo de Ignacio Cocca, un hombre muy cercano al ex ministro de seguridad de Cambiemos, Guillermo Montenegro. Fuentes sindicales sugieren que es accionista oculto de Murata y que representa el nexo entre la empresa y el poder político.

De hecho, la empresa Murata figura como aportista para la campaña presidencial de Mauricio Macri al igual que el propio Raglewski por medio millón de pesos. Los nombres de varios empleados figuran, sin consentimiento, entre los aportistas individuales que tomaron estado público en 2018. «Imaginate, trabajadores que no tienen un mango y laburan 12 horas aportando para Cambiemos», se mofa Jacobsen. Las licitaciones del GCBA en favor de Murata superan los $ 2 mil millones anuales.

Pero la influencia de la empresa trasciende a Cambiemos. Jacobsen recuerda que «Murata opera en los trenes y en organismos públicos nacionales. Durante el gobierno de Cristina Fernández obtuvo la licitación en Canal 7 y en el CCK. Todavía están vigentes».

El Sutca, además, sospecha que Murata ha utilizado su estructura para ponerla al servicio del espionaje ilegal promovido por la AFI: «Reemplazan a un trabajador y ponen un agente de otro lado, así de sencillo».