Denuncian que Vidal «congeló» derechos de menores vulnerables

Los pedidos de “medidas de abrigo” -un recurso excepcional  para institucionalizar a menores de edad cuando sus derechos en el ámbito familiar están vulnerados- aumentaron un 138 por ciento durante 2018, según el promedio de las intervenciones de los servicios sociales en cinco de los partidos más populosos de la provincia de Buenos Aires.

El crecimiento relevado en los municipios de Almirante Brown, Florencio Varela, San Martín, Lomas de Zamora y La Matanza tuvo como correlato el “congelamiento” de las vacantes en instituciones a través del Organismo Provincia de la Niñez, según señala un informe del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.

 El informe elaborado por Antonio Colicigno y Ernesto Mattos señala que en esos distritos se registró un incremento del  100 por ciento de las intervenciones de servicios locales en 2017; y del 138 por ciento en el 2018; con una proyección del 271 por ciento de acuerdo con los datos del primer trimestre de 2019.

“La demanda de este tipo de resguardo crece exponencialmente porque la situación económico-social es cada vez más compleja y eso conlleva el aumento de la vulneración de derechos. El gobierno de María Eugenia Vidal no asumió ese crecimiento y las vacantes están ´congeladas´; no acepta que el cuadro es complicado y congela derechos”, puntualizó Colicigno  a Tiempo.

Las “medidas de abrigo” son una herramienta de última instancia que consiste en el alojamiento de un menor de edad en instituciones especializadas cuando sus derechos están vulnerados en el ámbito del núcleo familiar. “Es siempre el último recurso”, subrayó el investigador. Su implementación está normada por la ley provincial 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, en vigencia desde 2007 luego de un largo derrotero judicial.

 “Por la falta de respuestas del Estado provincial y las vueltas y trabas burocráticas para generar las vacantes, hoy, hay menores que llevan casi un año hospitalizados o que están obligados a mantener la convivencia con una abusador”, ejemplificó uno de los autores del relevamiento en territorio bonaerense.