Un informe presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación asegura que hubo un crecimiento desmedido durante 2018 y que hasta mayo de este ya hubo un aumento significativo. También alertan acerca de los casos de malos tratos y torturas.
Los datos se dieron a conocer durante una conferencia de prensa donde el titular de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), Francisco Mugnolo analizó la situación actual de las cárceles.
Mugnolo, aseguró que durante 2018 se recibieron un total de 51.989 demandas de la población carcelaria. Junto a la directora del Observatorio de Cárceles Federales, Marta Monclus alertaron sobre el crecimiento desmedido de la población en los penales que en mayo de 2019 se llegó a un récord histórico con 14.181 personas privadas de libertad.
La situación, según informan desde la Procuración, desembocó en que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declarara la emergencia en prisiones federales. La crisis del sistema penitenciario fue reconocida en marzo de este año a través de la Resolución 184/2019 cuando se acordó la conformación de una Comisión de Emergencia en materia penitenciaria de la cual la PPN participa activamente.
Por otro lado, el informe de la PPN muestra que la evolución de los casos de maltrato y tortura registrados desde 2009 fue aumentando progresivamente, con un pico en 2014 cuando se produjeron 820 hechos.
En ese sentido, el procurador adjunto interino, Ariel Cejas Meliare, destacó que persisten las prácticas de tortura y malos tratos y que a través de la aplicación del “Procedimiento para la investigación y documentación de casos de tortura y malos tratos” la institución constató que hubo más de 500 casos de torturas y malos tratos durante el 2018. Según el informe, la cifra muestra la estructura de un problema que requiere de la voluntad de todos los actores involucrados para su erradicación, por otro, el número se queda corto si se tiene en cuenta que muchas veces -por temor a represalias- estas violaciones a los Derechos Humanos no se denuncias, ante la justicia ni en la Procuración.
Cejas Meliare también mencionó la realización del juicio oral, donde la PPN fue querellante, por las torturas y la muerte de Peloso Iturri, que ocurrió en el año 2008 en la Unidad 9 de Neuquén donde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal dictó una sentencia ejemplar y condenó a 14 penitenciarios con penas que van desde 6 años hasta prisión perpetua y abrió una instancia legítima de investigación y sanción en los casos de tortura en contextos de encierro.
Otro punto analizado en el informe fueron las muertes bajo custodia. El jefe de investigación de Casos de Fallecimientos en prisión de la PNN, destacó que a fines del año pasado se cumplió una década de aplicación del “Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión” (Res. 169/PPN/08). “La Procuración propuso esta herramienta con el fin de identificar las responsabilidades estatales con el objetivo de contribuir a la reducción de los factores que producen este tipo de hechos. A la vez se contribuyó en generar registros fiables y exhaustivos sobre muertes en prisión”, dice el informe.
En estado de vulnerabilidad
En la conferencia de prensa también estuvo la coordinadora de trabajo con colectivos sobrevulnerados en prisión, Mariana Lauro, quien informó que la Procuración Penitenciaria de la Nación presta especial atención estos grupos de personas debido al impacto que pueden tener ciertos incumplimientos de derechos o la desatención de necesidades básicas y específicas.
De ese modo, se hizo referencia a las mujeres y población LGBT, a los jóvenes adultos, a los niños, niñas y adolescentes en centros socio-educativos en régimen cerrado, a los extranjeros en prisión y a las personas con discapacidad física o mental que se encuentran encarceladas. Lauro también destacó que en el último trimestre de 2018 se encontraban encerradas 37 mujeres con sus hijos y 8 embarazadas.
El análisis permite observar que las mujeres y trans son las elegidas por el sistema penal punitivo que a diario las manda a prisión. Además, ellas no tienen la posibilidad de acceder a la educación ni al trabajo.
La atención médica de patologías físicas como así también al cuidado de la salud mental es esporádica, prácticamente nula. Señala que estas vulneraciones a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) determinan una obstaculización al contacto entre detenidos y familiares, en particular el impacto de la cárcel sobre los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad.
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