De continuar esta política de desguace, desfinanciamiento, flexibilización y quita de controles, tristemente no podremos evitar que episodios como esta tragedia vuelvan a repetirse.

El trágico hecho ha originado denuncias a la justicia, que intervino procesando a la plana mayor del Laboratorio elaborador así como a varios de los profesionales y técnicos que participaron de la manufactura y/o control de calidad del producto, medida que se encuentra en curso a la fecha. Como parte de la investigación han trascendido comunicaciones entre los implicados que muestran que se encontraban en conocimiento de los riesgos en la elaboración, que la ANMAT ya se los había hecho saber y aún así continuaron con la producción y distribución.
La identificación, investigación y consecuente castigo de los responsables directos del desastre es, indudablemente, imprescindible, y corresponde a la Justicia, pero tanto o más lo es dilucidar las causas que llevaron a él, de manera de evitar que situaciones como ésta vuelvan a repetirse. Y en ese sentido, la intervención de los mecanismos de fiscalización y control del Estado, representados en este caso por la ANMAT, tienen un papel fundamental.
Por ese motivo la ANMAT, institución del Estado Nacional que por su prestigio era vista como garantía de seguridad en el control de medicamentos, vacunas y otros productos farmacéuticos, está siendo por estos días cuestionada por parte de la población que observa con desconfianza que no ha sido capaz de protegerla de un desastre sanitario como el que estamos padeciendo.
Sin embargo, el Ministerio de Salud parece no tomar nota de la magnitud del problema. Lejos de establecer medidas concretas correctivas de la situación, modernizar y empoderar a la ANMAT y reforzar los mecanismos de fiscalización y control que permitan tomar acciones perentorias, simplemente desplazó a la titular del INaMe (Instituto Nacional de medicamentos dependiente de ANMAT) y en conjunto con el Ministerio de Desregulación, Transformación y Modernización del Estado, continúa con su política de flexibilizar normas, quitar controles y recursos, tercerizar e incluso limitar las acciones de fiscalización de ANMAT, transformando paulatinamente a lo que debe ser una política de protección de la salud de la población en un simple trámite para favorecer al mercado de productos farmacéuticos.
Cabría entonces preguntarse, de ser así, para qué necesitaría el Gobierno un Ministerio de Salud, si todas las acciones se dirigen simplemente a mantener costos bajos a como dé lugar, quitando personal y flexibilizando normas, al punto de delegar todo lo posible sus responsabilidades en terceros. Ya conocemos el pensamiento del Ministro de Desregulación, que sin ruborizarse se preguntaba hace algunas semanas para qué querríamos la ANMAT si no nos protegía.
Adicionalmente, en las últimas semanas vemos con consternación como enfermedades prevenibles como el sarampión o la tos convulsa (que ya ha ocasionado la muerte de 5 niños) vuelven a hacerse presentes en nuestro país, enfermedades que luego costará años volver a erradicar, lo que se suma a la emergencia pediátrica, la crisis en discapacidad, la quita de medicamentos oncológicos.
El Gobierno Nacional y parte de la sociedad argentina parece estar viviendo una ficción, un mundo paralelo donde se disfruta del dólar artificialmente bajo (a costa de miles de millones de dólares de deuda), de un controvertido equilibrio fiscal, de un futuro próspero que supuestamente llegará dentro de 30 años, mientras en el mundo real muchos pronto no sabremos si habrá vacunas, si podremos darle medicamentos seguros a nuestros hijos, operarnos de alguna afección o tener la atención médica necesaria cuando nos enfermemos.
De continuar esta política de desguace, desfinanciamiento, flexibilización y quita de controles, tristemente no podremos evitar que episodios como la tragedia del fentanilo vuelvan a repetirse.
*Ernesto Antúnez es ex Evaluador de Medicamentos de ANMAT, ex director de Evaluación de Tecnologías en Salud.
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