En lo que va de 2025, se registró el triple de denuncias por obstaculizar el acceso al aborto. La ausencia de políticas públicas dificulta la implementación de la Ley IVE.
Este aumento, explican, ocurre en un contexto de desmantelamiento sistemático de las políticas de salud sexual y reproductiva, la suspensión total de la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar el acceso a la IVE/ILE y la falta de campañas de información oficial, dejando a mujeres y personas gestantes sin datos sobre dónde y cómo acceder a la atención.
El informe de Amnistía se dio a conocer en el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Del total de casos que la organización recibió por medio de su formulario en lo que va de 2025, casi el 60% corresponden a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto.
“La falta de información pública se ha convertido en un obstáculo crítico. Muchas mujeres no saben qué hacer ni a dónde acudir o llamar en caso de necesitar un aborto, lo que pone en riesgo su salud y sus derechos. Si bien los casos que recibimos a través de nuestro formulario no reflejan la totalidad de la situación en el país, ante la ausencia de datos oficiales constituye un parámetro para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La producción y difusión de información sobre la implementación de la IVE/ILE es esencial no solo para que las personas accedan a sus derechos, sino también para diseñar, planificar y evaluar la eficiencia de las políticas públicas. Sin embargo, desde diciembre de 2023 el Estado nacional ha dejado de difundir información oficial sobre la implementación de esta política pública, lo que profundiza la opacidad y agrava la vulneración de derechos.
Ante este escenario, Amnistía Internacional afirma haber exigido de manera sostenida a las autoridades nacionales y provinciales que rindan cuentas sobre la implementación de las políticas de salud sexual y reproductiva, y que garanticen el acceso a información adecuada.
Uno de los casos fue el municipio de San Miguel, donde, luego de varios pedidos de acceso a la información pública -impulsados por Amnistía Internacional junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-, la justicia ordenó a las autoridades locales publicar datos sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. La resolución suma un nuevo precedente clave en materia de transparencia y rendición de cuentas.
“En San Miguel, donde el acceso al aborto legal no está garantizado, el acceso a la información pública se vuelve clave para proteger la salud y los derechos de las personas gestantes. Esta decisión judicial muestra que la transparencia no es opcional: las autoridades tienen la obligación de informar sobre cómo se implementan las políticas públicas que garantizan la Ley 27.610”, afirmó Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad en Amnistía Internacional Argentina.
Según indica el informe, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, organismo encargado de fiscalizar a obras sociales y empresas de medicina prepaga, dio cuenta de que la mayor parte de las consultas que recibe mediante su formulario IVE/ILE son solicitudes de información y asesoramiento para acceder al procedimiento.
También que los reclamos por obstáculos en el acceso al aborto en el sector se deben principalmente a demoras evitables, como la falta de formación del personal, falta de asesoramiento a las usuarias sobre como acceder a la cobertura total de la medicación, demoras en la autorización de presupuestos y falta de derivaciones adecuadas a prestadores disponibles para garantizar la práctica. Destacan que en provincias como San Juan, Mendoza y Salta se registran dificultades para encontrar prestadores de salud privados que no invoquen la objeción de conciencia, lo que agrava las barreras de acceso.
En línea con la Ley 27.610, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor confirmó que las obras sociales y prepagas son responsables tanto por su accionar como por el de sus prestadores. Desde que la norma está vigente ya se aplicaron cuatro multas millonarias: a Accord Salud en 2021, a Sancor Salud y Federada Salud en 2022, y a OMINT S.A. en 2024.
Las sanciones se dictaron por situaciones de trato vejatorio y falta de información en clínicas de cartilla, donde incluso se obligó a una paciente a escuchar los latidos fetales sin garantizar atención posterior a la interrupción del embarazo; por haber delegado en la paciente la búsqueda de prestadores al negarse todos los de la cartilla a realizar la práctica; por incumplir la gratuidad del procedimiento, demorar su realización y permitir cobros indebidos; y por incurrir en prácticas de desinformación, imponer convicciones personales y no asegurar una adecuada derivación en sus propias clínicas o en aquellas con las que tienen convenio.
El organismo denunció que persisten las prácticas coercitivas e ilegales en el Hospital Materno Infantil de San Isidro que vulneran el acceso al aborto legal. Tras el caso de “Camila” en 2024 y a pesar de la intervención de la organización, en 2025 continuaron las denuncias: consejerías disuasorias, demoras injustificadas, estudios innecesarios.
De acuerdo al informe, muchas personas han relatado que, tras la solicitud de interrupción del embarazo, fueron contactadas por instituciones privadas para disuadirlas de su decisión. Estas prácticas constituyen una violación del derecho a la dignidad, privacidad, autonomía personal y reproductiva, y podría acarrear responsabilidades de distinta índole, incluso penal (conf. art. 85 bis Código Penal).
«Frente a esta persistencia, Amnistía Internacional volvió a exigir al hospital respuestas y medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.610», aclararon.
En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, Amnistía Internacional lanza la campaña “La decisión es tuya, el camino acompañadas”, que busca visibilizar el valor del acompañamiento en la interrupción del embarazo y exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 27.610 en todo el país.
A través de testimonios reales, la campaña destaca cómo el apoyo respetuoso puede transformar estas experiencias, promoviendo el derecho a decidir sin estigmas ni prejuicios, frente a la desinformación y los discursos polarizantes.
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