Ricardo Joaquín Molina está acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca. Cayó en La Plata.
Molina, de 87 años, fue atrapado en el domicilio de su mujer tras determinar sus movimientos a través de la intervención de los teléfonos de su entorno familiar. La medida fue conseguida tras la insistencia del fiscal general Miguel Palazzani y del fiscal ad hoc José Nebbia, de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, ante la Cámara Federal, luego de que el juez Walter López Da Silva se negara con el argumento de que era una «gravosa medida de injerencia en el ámbito de la intimidad de las personas».
Los fiscales priorizaron el paso del tiempo y la avanzada edad del acusado cuya detención había sido solicitada por primera vez en 2008, por el entonces fiscal general Hugo Cañón, por los delitos perpetrados contra trece víctimas. El Ministerio Público luego amplió aquél pedido a los hechos sufridos por otras veintiún personas.
Durante la dictadura la Base Naval Puerto Belgrano era la principal base de la Armada Argentina y actuaba como sostén logístico y proveía seguridad a las Fuerzas y Unidades Navales. El Departamento que dirigía Molina era el órgano de inteligencia de esa estructura, tenía la función de asistir ‘al Jefe de Base en asuntos de Inteligencia, Contrainteligencia y Acción Psicológica’, e intervenir ‘en la coordinación y supervisión de actividades y disposiciones de Contrainteligencia'», informó la Unidad Fiscal a la página de la Procuración, fiscales.gob.ar.
La División de Contrainteligencia funcionó bajo el mando de Molina y durante la dictadura operó en coordinación con la Comunidad Informativa de la Subzona 51 y Zona 5 y fue uno de los principales elementos de inteligencia utilizados para llevar adelante el plan de exterminio en la región. Esas tareas de contrainteligencia estaban a cargo de su subalterno Tomás Hermógenes Carrizo, condenado a prisión perpetua en 2015.
Del marino también dependía la Policía de Establecimientos Navales donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención y tortura, por el que pasaban las víctimas que luego eran encerradas en el Buque ARA 9 de Julio, que funcionó como centro de detención y exterminio.
Molina estaba prófugo desde 2009, cuando tenía 79 años, y por información que lleve a su paradero el Ministerio de Justicia ofrecía una recompensa de 500.000 pesos.
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