El gobierno pagó saldos de Letes y Lecaps pendientes desde septiembre. Los operadores financieros creen que habrá reestructuración de los títulos de corto plazo.

Se trata de títulos cuyo vencimiento original estaba previsto hace 90 días y que fueron alcanzados por el reperfilamiento dispuesto a fines de agosto por un decreto de necesidad y urgencia firmado por el entonces presidente Mauricio Macri. Esto implica que a los inversores institucionales se les pagó en ese momento sólo el 15% del monto comprometido. Ahora se les devolvió el 25% y el resto será abonado recién en marzo. Las personas humanas, en tanto, no se vieron afectadas por la reprogramación.
La decisión del pago, en realidad, fue uno de los últimos actos del equipo económico de Macri. El martes 10, la Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda (organismo que fue reconvertido en Economía al día siguiente), había cumplido el requisito formal de informar a la Bolsa de Comercio y a la Caja de Valores que procedería al pago de ambas letras.
Cumplido ese pago, lo que pueda pasar en el futuro con otros títulos similares es una incógnita. La decisión política de las nuevas autoridades es encarar un proceso de reestructuración de deuda que permita aliviar el enorme volumen de vencimientos previstos para el futuro inmediato. Sólo en los primeros tres meses de gestión, hasta fines de febrero, se acumulan obligaciones por U$S 8000 millones.
El ministro del área, Martín Guzmán, precisó que el país se encuentra en un «virtual default» y señaló que «acá hay un problema y tenemos que resolverlo, para que todos se beneficien y para que los acreedores puedan cobrar». En ese sentido, el funcionario (que fue convocado, entre otras razones, por sus estudios académicos sobre renegociaciones de deuda soberana) adelantó que se creará una comisión especial, a la que serán invitados a participar ex secretarios de Finanzas de otras administraciones, para elaborar propuestas sobre el tema.
La hipótesis que se maneja en la City porteña es que la mayoría de las letras de corto plazo (Letes, Lecap, Lelink y Lecer) cuyo cronograma de pagos había sido modificado por el decreto 596/19 serán objeto de un re-reperfilamiento, sobre todo las que están emitidas bajo jurisdicción argentina, lo que significa que cualquier diferencia legal se resuelve en los tribunales locales.
Esto implica que los títulos sólo sean mantenidos por organismos oficiales, que ayudan de esa manera a financiar al Tesoro, o por inversores institucionales como compañías de seguros o fondos de inversión que priorizan el rendimiento sobre la liquidez. El resto de los inversores los rechaza a pesar de que en el mercado secundario estos títulos se ofrecen a precios de liquidación: la mayoría ofrece rendimientos anualizados superiores al 200%.
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