Deuda: el gobierno busca un 60% de aceptación entre bonistas privados para asegurar el canje

El gobierno dio un paso adelante en la reestructuración de la deuda pública al precisar mediante un decreto cuáles serán los títulos que ingresarán en la negociación. En concreto, se trata de 35 bonos, todos ellos emitidos bajo legislación extranjera, por un total de U$S 68.842 millones.

La norma, publicada este martes en el Boletín Oficial, establece en ese total “el monto nominal máximo de las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los títulos públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera existentes al 12 de febrero de 2020”. Se trata de un conjunto de 35 bonos; de ellos, 23 establecen que los eventuales diferendos se dirimirán en tribunales de Nueva York; seis en Londres y seis en Tokio.

En ese grupo quedaron incluidos algunos de los que se crearon en los canjes de 2005 y 2010, como los bonos Discount y Par, con vencimiento en 2033 y 2038. Pero también hay varios de las series Birad y Birae, nominados en dólares y euros. Otro de los afectados es el emblemático Centenario, emitido por el macrismo, con vigencia hasta el año 2117. El de vencimiento más temprano es el que se debería amortizar el 12 de octubre de este año, por 400 millones de francos suizos. Los préstamos con organismos bilaterales, como el FMI, el BID y el Club de París, quedaron fuera de la norma.

Con la publicación del decreto se da inicio a un proceso en el que el gobierno contactará a los tenedores de esos bonos, a través de los bancos elegidos para tal fin (Lazard, Bank of America y HSBC), y les ofrecerá un canje que seguramente incluirá una quita en el capital y un nuevo cronograma de devolución de intereses y de la amortización. El objetivo oficial es hacerlo sin demoras para despejar el apretado calendario de vencimientos del primer semestre de este año. Pero para ello necesita que los poseedores de una mayoría calificada de esos bonos (oscila entre el 66% y el 75%, según las condiciones de cada título) aprueben la operación, lo que la extendería automáticamente al resto sin que se requiera su consentimiento expreso.

En los hechos, esta Cláusula de Acción Colectiva (CAC), pensada para evitar el bloqueo del canje por parte de inversores minoritarios o poco representativos, será clave para el éxito o el fracaso de la iniciativa. La consultora Ecolatina estimó que del total a reestructurar, unos U$S 24 mil millones corresponden a títulos que ya están en poder de organismos del propio Estado, lo que disminuye el monto sobre el que habrá que lograr apoyo. “El gobierno optó por reestructurar los títulos bajo legislación extranjera. Como las tenencias del sector público alcanzan entre 35% y 40%, se necesita una aceptación privada promedio de 60% para alcanzar el 75% que activa las CACS”, explicó a través de las redes sociales el economista Lorenzo Sigaut Gravina, director de esa consultora.

Según esos números, Economía debería conseguir el visto bueno de inversores privados con acreencias por unos U$S 27 mil millones para alcanzar el éxito. De todas maneras, la cuestión no va a ser fácil. “La batalla por lograr la adhesión al canje va a ser bono por bono. En algunos la tenencia del sector público será relevante, en otros los acreedores pueden estar dispersos. Recemos que no haya fondos buitres con poder de bloqueo”, agregó Sigaut Gravina.