El reclamo de diálogo y medidas atraviesa al sector fabril en general.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, declaró en Córdoba que la industria “necesita un Estado que asuma su rol en la definición de políticas productivas que generen las condiciones adecuadas” para potenciar la competitividad del sector.
Por su parte, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó al gobierno que reordene las prioridades del plan económico y dialogue con el sector, que ya despidió a 40 mil trabajadores.
Rappallini apuntó contra el impacto del llamado “costo argentino” en la industria nacional y demandó “igualdad de condiciones” para pelear mercado contra la producción importada, que llega al país masivamente en el marco de la política de flexibilización del comercio exterior propiciada por el gobierno nacional.
El titular de la UIA alertó por la falta de recuperación de “amplios sectores” de la industria, por los “elevados niveles de las tasas de interés” que complican la inversión y el crédito y la velocidad de la apertura económica.
En ese marco, el dirigente aprovechó el 17° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que se realizó este martes en esa provincia, para presentar el denominado Decálogo del Nuevo Contrato Productivo.
El texto propone una lista de principios que comienza con un marco institucional “basado en el respeto a los contratos” y el diálogo entre el Estado y el sector privado. En segundo lugar, valora el orden macroeconómico y como tercer punto plantea la necesidad de procurar una competitividad sistémica, en igualdad de condiciones y sin informalidad.
En cuarto lugar alienta a fortalecer el Mercosur y generar acuerdos comerciales estratégicos, además de eliminar impuestos “distorsivos a las exportaciones”, entre otras medidas tributarias relacionadas con el comercio exterior.
Asimismo, el decálogo aboga por un desarrollo federal, equilibrado e integrado, basado en políticas públicas que fortalezcan las cadenas de valor y las economías regionales.
En sexto lugar, la propuesta considera imprescindible modernizar la legislación laboral. El punto siguiente demanda acceso al crédito de largo plazo para las industrias.
La iniciativa reclama también inversión pública en infraestructura y logística a las que define como “claves para la competitividad” y servicios públicos fortalecidos para alentar el desarrollo territorial y social.
En el punto noveno, las industrias pidieron mayor inversión en educación técnica y en décimo ponderó una producción fabril responsable y comprometida con el ambiente.
Por el lado de las pymes, Rosato manifestó que la industria es el sector de la economía más golpeado por el proyecto libertario, que ya produjo la caída de 1582 pymes industriales.
“Todos valoramos la estabilidad macroeconómica pero no puede ser a cualquier costo”, consideró el empresario, quien remarcó que desde diciembre de 2023 reclama un encuentro con el presidente, Javier Milei, y con el ministro de Economía, Luis Caputo, “para evitar una catástrofe mayor en el empleo”, sin respuestas de los funcionarios por ahora.
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