La medida había sido tomada por la entonces vicepresidenta, Gabriela Michetti, ya que Macri se había "excusado".El decreto sostuvo que no hubo "irregularidades" en la condonación del pasivo que el entonces presidente pretendió otorgarle a la empresa de su familia.
Aquello quedó patentizado en un decreto, el 907/18, que fue firmado por Michetti porque Macri –que era el jefe del Estado- se había excusado de intervenir en esa negociación para “evitar cualquier sospecha de conflicto de intereses”. Entonces Michetti, tras una investigación exhaustiva, profunda, hasta el hueso, concluyó que todo estaba bien.
Apenas Michetti firmó el decreto, la diputada del Frente Renovador Graciela Caamaño presentó un proyecto de ley para su derogación. Después de cuatro años, la iniciativa ni siquiera superó el tratamiento en comisión. La legisladora advirtió en los considerandos que todo el proceso había sido irregular. Hizo hincapié en “el cambio de titularidad que tuvo La Procuración del Tesoro, el cargo era desempeñado por un funcionario de carrera y de amplia trayectoria, el doctor Carlos Balbín, y fue reemplazado por un amigo cercano al presidente Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías”.
El titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, apeló la decisión de cerrar la investigación. Se quejó porque no lo dejaron producir prueba que pudiera demostrar si existieron –o no- irregularidades, abusos funcionales, parcialidad o favoritismos.
El gobierno de Macri le rechazó un recurso de revisión administrativa y la PIA fue a la Justicia. Hoy, el juez Pablo Cayssials, le dio la razón.
El juez falló “haciendo lugar a la demanda incoada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Resolución que tuvo por finalizado el sumario administrativo”.
La causa se inició cuando todavía Macri era presidente. El Estado Nacional se presentó ante la Justicia, enterado del planteo de la PIA, y el 20 de noviembre de 2019, tres semanas antes del cambio de gobierno, pidió el rechazo de la acción judicial.
El juez Cayssials consideró que “toda actuación estatal se presume legítima, salvo que se demuestre lo contrario”. Incluso ésta.
¿Se demostró lo contrario? El fiscal Rodríguez consideró que el cierre de la investigación administrativa y todos sus actos consecuentes “resultan ser nulos por haberse sustentado únicamente en la declaración del imputado Juan Manuel Mocoroa, sin tener en consideración la prueba aportada”.
Mocoroa era el titular de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones. El ministro, por entonces, era Oscar Aguad, quien luego pasó al área de Defensa, donde pasó a la historia como el funcionario al que se le perdió un submarino. Podría ser cómico, si ello no hubiera costado la vida de 44 argentinos.
El juez Cayssials dispuso la nulidad de aquella autoamnistía porque al fiscal Rodríguez “se le negó la posibilidad de producir los medios probatorios por ella sugeridos, vulnerándose de este modo el derecho que le asiste”.
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