Diputados: moción de censura contra Francos por incumplir con la vigente Ley de Emergencia en Discapacidad

Diputados nacionales de Encuentro Federal encabezados por Oscar Agost Carreño presentaron una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir con la aplicación de una ley vigente como la emergencia en Discapacidad, luego de que la oposición volteara el veto del presidente Javier Milei. De esta manera, el ministro coordinador podría ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Para remover a Francos, si la oposición logra fundar razonablemente sus acusaciones, apenas necesitaría la mayoría absoluta de votos, un objetivo alcanzable.

“El Gobierno rompió el estado de derecho”, sentenció Agost Carreño en la red social X sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso.

La interpelación y moción de censura contra Francos que impulsa el cordobés lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón. Acusan a Francos no solo de incumplir la ley de Discapacidad y no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, sino también por “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y «violar la división de poderes del Estado.

“La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, expresó Agost Carreño.

Este lunes, el Gobierno promulgó la ley de emergencia en Discapacidad pero en el mismo decreto 681/25 avisó que suspendía los efectos de la ley por falta de financiamiento y supeditó la implementación efectiva a la inclusión de las fuentes de financiamiento en el marco del proyecto de Presupuesto 2026.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferrarom en X, sostuvo que “con el Decreto 681/2025, el Presidente (Javier Milei) incurre en nulidad absoluta” ya que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”. Añadió: “No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”.