La concentración del sector, que viene denunciando riesgo de colapso y exige la “inmediata transferencia de fondos” de Pami e Incluir Salud, coincide con la de intendentes de distintos puntos del país que denuncian “asfixia financiera” sobre los municipios.
Desde el sector ya lo vienen advirtiendo: el desfinanciamiento, las demoras e interrupciones en las cadenas de pagos tanto por parte de Pami como de Incluir Salud implican un riesgo de colapso de todo el sistema, del que dependen miles de personas con discapacidad y sus familias.
“La falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales para personas con discapacidad”, reclama el Foro, que convoca a este martes 10.30 en Hipólito Yrigoyen 250, frente a la cartera que conduce Caputo. “La emergencia en discapacidad sigue vigente. Sostener el sistema es garantizar derechos”, plantean.
La crisis en discapacidad está lejos de ser resuelta. Ni la sanción de la Ley de Emergencia, defendida del veto presidencial, ni los fallos judiciales a favor se tradujeron en respuestas concretas por parte del Gobierno. El riesgo de colapso afecta desde prestadoras y transportistas hasta cottolengos.
“El cottolengo es una institución donde viven personas con discapacidad. En nuestro caso, el de Avellaneda, es un hogar con centro de día donde actualmente tenemos 84 mujeres con discapacidad intelectual y otras discapacidades”, dijo días atrás Diego Zotta, licenciado en Psicología y coordinador técnico del Cottolengo de Avellaneda, en diálogo con el padre Juanca Molina en Rompiendo moldes por Radio 750.
Junto con el de Claypole -uno de los más reconocidos-, se trata de las primeras experiencias de este tipo en la Argentina. Zotta subrayó: “Históricamente la cadena de pagos de obras sociales y prepagas tiene un atraso de tres meses. Pero desde noviembre del año pasado esto se profundizó y estamos con demoras de cuatro o cinco meses, incluso más en algunas instituciones. Esto se está tornando insostenible”.
En el sector de transportistas fueron muchos los que abandonaron el servicio, en un ámbito donde las familias se quedan sin opciones porque las alternativas no abundan.
“Mes a mes se deteriora la situación. En el caso de Pami, en algunas seccionales empezaron a abonar noviembre. En otras, todavía no. Los prestadores continúan reclamando. En el caso de Incluir Salud, en Capital se debe desde octubre inclusive. Y en Provincia de Buenos Aires desde noviembre. Con el agravante de que la situación de los prestadores de transporte es aún peor por los aumentos que sufrió la nafta”, decía la semana pasada Fernando Gantesti, de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad. “Como siempre, repercute en las personas con discapacidad, en su calidad de vida, en los tratamientos que tienen que recibir y no reciben”.
La protesta del Foro será poco antes de otra movilización a Economía para entregar un reclamo. Intendentes de distintos puntos del país harán llegar a las 12 un documento para denunciar “asfixia financiera” sobre los municipios. La iniciativa es impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM).
Según adelantaron, incluirán un pedido para retrotraer el precio de los combustibles al 1º de marzo, el reclamo por las obras públicas nacionales paralizadas, y también por el recorte general de fondos nacionales a los municipios.
Así, los reclamos inicialmente sectoriales confluyen en una protesta conjunta que se hará sentir frente a la cartera de Caputo, donde convergen múltiples demandas por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.
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