En campaña, Vidal confirmó que los convocará el 1º noviembre para discutir salarios. Los gremios aclararon que sólo está cumpliendo con lo firmado en el acta paritaria de este año.
Por separado, los principales socios del Frente Gremial Docente coincidieron en bajarle el tono a la convocatoria que realizó la gobernadora en el arranque de su raid mediático en la recta final de la campaña. «No es novedad, es el acuerdo paritario en el que se habían comprometido a que la convocatoria iba a comenzar en el mes de noviembre», dijo la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, en relación a lo establecido en el acta firmada a comienzos de julio cuando se acordó el 27% de aumento después de un conflicto de cinco meses y 17 días de paro. En efecto allí se dejó sentado que el Ejecutivo llamaría a los sindicatos en noviembre para iniciar la discusión del año que viene.
En la misma línea, la FEB señaló a través de un comunicado que la confirmación de Vidal «no hace más que cumplir con algo que se firmó» y criticó que el llamado sea a través de la televisión. «Lo que buscamos es que estas reuniones no sean solo puestas en escenas mediáticas, queremos una discusión seria de nuestros salarios, dada la complejidad que tiene el mismo», aseguró el gremio que lidera Mirta Petrocini.
Por su parte, el titular de UDOCBA, Miguel Díaz, dijo que el anuncio de Vidal es «auspicioso» pero que sólo «cumple con lo que se ha firmado» y anticipó que en la mesa técnica salarial pedirán desde su gremio que se mantenga la cláusula gatillo para 2018 porque hasta ahora le han errado a todas las proyecciones que han hecho.
Díaz también reiteró que desde el Frente de Unidad Docente -que integran Suteba, FEB, UDA, Udocba, Sadop y AMET- vienen reclamando una reunión con el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, quien asumió en julio en reemplazo del ahora ministro nacional de Educación, Alejandro Finocchiaro.
El tema que quieren debatir con urgencia y que más preocupa al sector es la implementación de la reforma secundaria en la provincia de Buenos Aires, en el marco del plan Escuela Secundaria 2030 que impulsa Nación, que comenzaría en algunas escuelas seleccionadas por el gobierno y sin consultar a los docentes.
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