Duro informe de la ONU sobre la situación en las cárceles argentinas

Durante once días, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, recorrió cáceles, centros de detención de menores, hospitales neuropsiquiátricos y comisarías de la Ciudad, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Formosa. El resultado fue un duro informe en el que recomendó la implementación plena del Mecanismo de Prevención de la Tortura, cuyo Comité Nacional fue conformado el año pasado aunque “la asignación de fondos prevista en la ley no ha sido plenamente efectivizada”. También instó al gobierno federal a prevenir la violencia institucional, a buscar opciones a la prisión preventiva –remarcó que el 70% de los presos están en esa situación- y el consiguiente aumento de la sobrepoblación, y se manifestó en contra de la baja de la edad de imputabilidad.

El relator suizo estuvo en el país entre el 9 y el 20 de abril junto a un equipo de especialistas. Viajó invitado por el Gobierno de Argentina, se reunió con organismos del Estado y de los gobiernos nacional y provinciales, expertos en derechos humanos y otros actores en temas de derechos humanos. Visitó el Hospital Moyano y el barrio Zavaleta, la Unidad Penitenciaria N°23 de Florencio Varela, la Unidad IV del Centro Penitenciario Federal de Ezeiza, y el complejo carcelario Bouwer en Córdoba, entre otros centros y hospitales de esas provincias y la de Formosa.

Su informe final será llevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero en las conclusiones preliminares que este viernes ofreció en una conferencia en la oficina de la ONU en Ciudad de Buenos Aires, fue especialmente crítico con el sistema carcelario y las condiciones de detención, que consideró violatorias de las normas internacionales e “incompatibles con la vida humana”, por lo que las repudió y las posicionó como una “cuestión de urgencia humanitaria”.

“Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables”, dijo.

El informe destacó la invitación del gobierno y remarcó el proceso de juzgamiento de los crimenes de la dictadura cívico militar, celebró la creación de la Procuraduría contra la Violencia Institucional y de los mecanismos de prevención de la tortura, y subrayó el progreso de la sociedad en las tres décadas de gobiernos democráticos.

Sin embargo, precisó que “parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad pública”.

-En sus conclusiones preliminares resalta la creación de mecanismos de protección en el país, pero dice que no funcionan ¿Por qué cree que sucede?

-Comparado con otros países me ha asombrado la cantidad de mecanismos que (Argentina) ha creado para promover derechos y es preocupante ver cómo esto no tiene necesariamente impacto práctico –respondió Melzer-. Yo creo que debe haber voluntad política de actuar y actuar ahora.

Las condiciones de encierro de las personas privadas de libertad concentraron todas las críticas de Melzer. “No es un problema que hay que discutir, es un problema que hay que resolver. No podemos permitir que las personas vivan en estas condiciones. Es como una casa que se incendia, es una urgencia. Debemos actuar ya mismo, sobre todo cuando vemos que las políticas de seguridad tienden a incrementar la población carcelaria”, le dijo a Tiempo.