El gobierno de Mariano Rajoy lanzó toda su artillería legal y política para impedir la independencia catalana.
El miércoles pasado, y luego de unas 12 horas de escaramuzas y debates leguleyos, se aprobó la llamada a consulta popular y una ley de Transitoriedad que regiría en caso de una respuesta afirmativa el 1-O. Los partidarios del NO -que son minoría- se retiraron cuando vieron que no podrían dilatar el debate hasta el jueves, lo que hubiera permitido que Mariano Rajoy tuviera en sus manos un dictamen del Tribunal Constitucional para bloquear la convocatoria.
De todas maneras, el gobierno lanzó una andanada de recursos constitucionales y el TC dictó una cautelar por cuatro presentaciones de Rajoy. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio lugar a un reclamo de la Fiscalía General de la región, una contra el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su gabinete, y otra contra la titular del Parlament, Carme Forcadell. En ambos casos la acusación es por desobediencia, prevaricato y malversación, lo que implica una sentencia de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La misma amenaza rige para los alcaldes que se sumen al reclamo independentista o que den lugar a la votación. Se sabe que hay 670 de 943 municipios que ya avisaron que esperan y apoyan la voluntad popular. Otros ligados al socialismo rechazan el convite y Barcelona intenta mantener una equidistancia que parece difícil de sostener en estas circunstancias.
La alcaldesa Ada Colau llegó al cargo luego de una alianza entre Podemos y movimientos de izquierda locales, Barcelona en Comu. No es que se plante contra la consulta, solo que se la nota tironeada por sus aliados madrileños. Pablo Iglesias busca una alianza con Pedro Sánchez, el nuevo líder del PSOE, para quitar del medio a Rajoy y las políticas neoliberales del PP.
Colau, que tiene como número dos al argentino Gerardo Pisarello, se escuda en la suspensión dictada por el TC mientras cuestiona la cerrazón de Rajoy para «llegar a una solución del conflicto político». Pero también critica a los independentistas que, dice, quieren avanzar contra el deseo de «media Cataluña». Es que según las últimas encuestas, hay un 40% de catalanes que se manifiestan independentistas y otro 40% que no quieren dejar España, más un 20% de indecisos. La opción, en todo caso, sería llevar esta paridad a las urnas.
Desde Madrid, en cambio, quieren mostrar dureza y ordenaron a la Guardia Civil allanar talleres gráficos donde se imprimieron documentos del referéndum, uno en Tarragona y un semanario en Alt Camp.
La intervención del gobierno central choca con la policía local, los Mossos d’Esquadra, que son los que serían llamados por ejemplo a detener a Puigdemont y Forcadell, llegado el caso.
Sucede que este cuerpo policial fue muy celoso de su rol tras el atentado yihadista del 17 de agosto en La Rambla de Barcelona y fue muy evidente la velocidad con que desarticuló al grupo de presuntos responsables sin dejar que actuara nadie de Madrid. El sindicato que los agrupa ya adelantó que respetarán la ley. Lo que no queda claro es cuál de las leyes en disputa. «
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