La orden de Trump de cerrar el gobierno federal profundiza la polarización entre republicanos y demócratas, acelera algunas posturas extremas y pone a prueba la gobernabilidad de un país inmerso en una profunda crisis política.

El cierre del gobierno, que comenzó el 1° de octubre, fue una medida dispuesta por el presidente estadounidense ante el fracaso del Congreso de alcanzar un acuerdo sobre la financiación de la administración. Mientras los dos partidos se culpan mutuamente por lo ocurrido, la decisión podría costarle a los contribuyentes alrededor de 15.000 millones de dólares semanales, según informó un funcionario del Tesoro, que debió enmendar el error que había cometido su jefe, Scott Bessent, al sostener que esa pérdida era posible, pero cada 24 horas.
Aclaraciones al margen, ninguna de las partes se muestra dispuesta a ceder terreno en un cruce de acusaciones que aumenta a medida que transcurren los días. “En un Estados Unidos ya afectado por la creciente violencia política, así como por un visible colapso de las normas e instituciones constitucionales que se han desviado por completo de la realidad, este cierre no es un simple impasse burocrático. Es un síntoma de algo más profundo, refleja una república fracturada que se enfrenta a sí misma”, sostuvo el analista internacional Bradley Blankenship en el Global Times.
Mientras esa ruptura política descripta por Blankenship se profundiza con el correr de los días, el cierre del gobierno amenaza convertirse en el más largo en la historia de Estados Unidos, con peligrosas interrupciones en los servicios públicos e impredecibles consecuencias para una ciudadanía que ya está cansada de las amenazas, insultos y escándalos de los políticos.
El Departamento de Agricultura adelantó que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria que beneficia a 42 millones de personas no podrá garantizar los pagos de noviembre; la Cámara de Comercio informó la suspensión de los 860 millones de dólares semanales en préstamos que solía otorgar semanalmente a 1.600 pequeñas empresas; y la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió sobre la escasez de controladores aéreos en todo el país, lo que extendió los retrasos en los vuelos a Nashiville, Tennessee, Dallas, Newark, Nueva Jersey y otros aeropuertos.
Son ejemplos de una situación extremadamente compleja, en la que el gobierno también suspendió unos 18 mil millones de dólares para financiar un túnel ferroviario bajo el río Hudson, en Nueva York, y canceló 7.600 millones de dólares en subvenciones a proyectos de energía limpia en 16 estados, entre otras obras consideradas prioritarias.
El gobierno federal emplea a casi 2,3 millones de empleados civiles, de los cuales alrededor de 750.000 fueron suspendidos a pesar de cumplir tareas esenciales. Además, una jueza federal de California ordenó a Trump frenar 4.000 despidos que ya había notificado la Administración, como parte de las 10.000 cesantías anunciadas inicialmente por la Casa Blanca, en una jugada política que buscó responsabilizar a los demócratas por las consecuencias del cierre del gobierno.
“El gobierno estadounidense ha introducido una serie de cambios, que abarcaron desde ajustes a los acuerdos climáticos y revisiones a las políticas de asilo hasta reformas en el presupuesto de bienestar social. Estas medidas provocaron reacciones fuertes y contradictorias. Se ha intensificado la preocupación por la dirección del gobierno, alimentando un intenso debate público sobre las tradiciones políticas del país”, sostuvo el analista de noticias internacionales Li Ping, en un editorial publicado en China Daily.
Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reveló que la ciudadanía se muestra tan dividida como los políticos a la hora de buscar responsables. En Estados Unidos todo parece envuelto en una polarización cada vez más profunda, en un prolongado “combate de yudo” en el que solo se vislumbran perdedores, como lo calificaron desde China.
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