El Ejecutivo nacional y los gobernadores mineros van por la Ley de Glaciares

El presidente Javier Milei anticipó hace algunas semanas en un encuentro del Club de la Libertad que iba a enviar un proyecto al Congreso en sesiones extraordinarias para modificar la Ley de Glaciares y “que cada provincia determine cuál es la zona donde se puede hacer minería”. El objetivo oficial es “destrabar proyectos mineros”, justamente después de conocerse el “acuerdo comercial” con Estados Unidos. En los últimos días, la propuesta se aceleró, con el aval de varios gobernadores que, desesperados por fondos que el gobierno nacional les retacea, apoyan la iniciativa que les permitiría recibir inversiones extractivistas.

Pero ¿en qué consiste y por qué es importante la Ley de Glaciares? Ante todo, se trata de una normativa que no fue fácil de aprobar. De hecho, en 2008 fue vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y solo luego de una fuerte presión de las comunidades, referentes científicos y organizaciones sociales y ambientales, se convirtió en Ley en 2010.

Argentina se posicionó entonces como un país pionero en proteger los glaciares y el ambiente periglacial por ser reservas estratégicas de agua; un hito valorado internacionalmente hasta hoy, en tiempos en los que se profundiza la crisis climática.

Fábricas de agua

«Los glaciares son fundamentales ya que funcionan como fábricas de agua alimentando a poblaciones más allá de las fronteras provinciales. De ellos depende una enorme trama de vida, incluyendo la actividad económica y la salud de nuestros ecosistemas. En ese sentido, los glaciares y su ambiente periglaciar son fábricas de vida que están cada vez más amenazadas por la crisis climática, y también por los intereses mineros», explicó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Por eso, “modificar la Ley implica destruir una de nuestras principales fuentes de agua y de vida”, acotó a través de la red social X.

Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, remarcó que modificar la Ley de Glaciares es comprometer el acceso al agua de millones de argentinos. “El retroceso de los glaciares que estamos viendo en el país expone la fragilidad de nuestra seguridad hídrica. Cuidarlos es un deber con las generaciones presentes y con quienes vendrán, porque sin glaciares no hay futuro posible”, sostuvo la referente de Greenpeace en el marco de un Conversatorio organizado a fines de septiembre por diversas ONG ambientalistas con motivo de los 15 años de la Ley de Glaciares.

En nombre de la transición energética

Los disertantes del conversatorio también advirtieron sobre los intereses detrás del intento de modificar la normativa. Junto con las promesas de grandes inversiones, los detractores de la Ley de Glaciares acuden a los argumentos de la “transición energética” y la necesidad de minerales como el litio y el cobre para impulsar la electrificación y las energías renovables. También subrayaron que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios extraordinarios a las corporaciones mineras, lo que aumenta la presión para vulnerar la normativa ambiental.

«La paradoja es que en nombre de las energías renovables se está proponiendo destruir ecosistemas que nos ayudan a cuidar el planeta. La Ley de Glaciares tuvo amplio apoyo popular y también científico. La evidencia científica avanzó en estos 15 años y nos confirma que es un ecosistema cuyas funciones son vitales en el suministro de agua y en la mitigación del cambio climático”, sostuvo Pía Marchegiani, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Tampoco tiene asidero el justificativo de las autoridades que hace foco en la cantidad de terreno protegido que supuestamente generaría problemas productivos. La superficie total de glaciares de la Argentina representa unos 8484 km2, de los cuales más de la mitad se encuentran en la zona andina. Es ínfimo si se lo compara con los 2,78 millones km2 que pueblan nuestro país.

Los referentes ambientales coincidieron en que proteger la Ley frente a intentos de modificación es indispensable para garantizar su vigencia. Reforzar los controles, garantizar la transparencia de la información pública y asegurar presupuestos adecuados para el monitoreo de glaciares y ambiente periglacial (y para la actualización del inventario) son medidas clave en línea con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.

Y remarcaron que la Ley de Glaciares no sólo protege ecosistemas estratégicos y es una aliada fundamental en la lucha contra el calentamiento global, sino que resguarda un derecho humano básico: el acceso al agua.  «