El 2025 fue el año con mayor cantidad de absoluciones desde la reanudación de los juicios de lesa humanidad

Luego de dos años de ataques a las políticas de Derechos Humanos y el desmantelamiento de áreas clave por parte del gobierno nacional, el impacto se comenzó a sentir en los juicios por crímenes de lesa humanidad: este 2025 fue el año con mayor cantidad de absoluciones en los 19 años que ya cumpió el proceso de justicia.

El dato se desprende del informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que relevó 54 absoluciones y 35 condenas en los 19 juicios que llegaron a sentencia este año entre enero y el 1 de diciembre. Y se le suma a esta cifra lo sucedido días atrás en la Masacre del Pabellón Séptimo, en la que fueron condenados dos ex jefes penitenciarios y fue absuelto un celador, dejando la cifra en 55 absoluciones y 37 condenas. 

Las sentencias más impactantes fueron en los últimos meses del año. En octubre, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata absolvió a 27 acusados y condenó apenas a 8 represores por delitos contra casi 200 personas en el circuito represivo del centro de la provincia de Buenos Aires, en localidades como Tandil, Azul y Olavarría.

Al mes siguiente, en noviembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario dejó impune el juicio por los crímenes de Acindar en Villa Constitución y absolvió a los 17 acusados, entre ellos a los civiles Roberto José Pellegrini, exjefe de relaciones laborales de Acindar, y Oscar Torralvo, personal jerárquico de la empresa, para quienes la fiscalía y las querellas pedían prisión perpetua como responsables de 8 homicidios y 27 secuestros de trabajadores y delegados sindicales.

En mayo, el juicio Superintendencia de Seguridad Federal III también tuvo más absoluciones (8) que condenas (7), por los crímenes contra 7 personas en ese centro clandestino de detención y en operativos realizados por la patota de la Policía Federal. 

A partir de los datos del informe de la Procuraduría más los del juicio de la Masacre de Pabellón Séptimo, durante 2025 se registraron un total de 63 personas que obtuvieron sentencia por primera vez (11 condenadas y 52 absueltas). De esta manera, desde el reinicio de los juicios por el terrorismo de Estado en 2006, ya hubo 1210 personas condenadas y 248 absueltas.

Como ocurre desde 2016, la prisión domiciliaria es casi la norma para detener a las personas investigadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad: el 83% de los condenados se encuentra en su casa y en el caso de los procesados la cifra aumenta al 90%. De ese total, apenas el 45% tiene un dispositivo electrónico de control para asegurar su cumplimiento. 

Las demoras en las causas también fueron analizadas por la Procuraduría que encabeza la fiscal María Ángeles Ramos y detectó que las principales dilaciones se encuentra todavía en la etapa recursiva, es decir desde que el Tribunal dicta sentencia y es confirmada por la Corte Suprema de Justicia. 

El informe señala que el promedio de tiempo que transita una causa desde el requerimiento de elevación a juicio hasta que adquiere firmeza es de 6 años y 2 meses. La mayoría de ese tiempo, la causa se encuentra en las instancias superiores una vez que se dictó la sentencia: “el promedio de tiempo entre el dictado de la sentencia TOF y el último fallo de la CSJN es de 4 años y 2 meses, dos más que el promedio registrado durante el 2024”, destaca el relevamiento.

La instancia de juicio presenta un promedio de tiempo desde la elevación a juicio hasta el veredicto de 2 años y 8 meses y la instancia de instrucción (promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura) es la que menos plazo de tiempo transcurrido presenta, registrando un promedio de 5 meses. 

El informe también resalta que el 52% de las 357 sentencias dictadas desde 2006 posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema. Desagregando aún más los datos, sólo el 38% de las personas condenadas y el 26% de los absueltos tienen sentencia firme. 

Esto genera un problema: mientras un fallo de la Corte Suprema que benefició al represor Carlos “Indio” Castillo ordenó revisar los alcances de la prisión preventiva por tiempo prolongado, es ese mismo máximo tribunal el que genera la mayor demora al no analizar las causas y confirmar las sentencias.