El acuerdo transatlántico

El presidente norteamericano Barack Obama aspira a firmar con la Unión Europea (UE) el Tratado Transatlántico de Asociación y Comercio (TTIP o Tafta, por su sigla en inglés) antes de concluir su período presidencial el próximo 20 de enero, pero en ambos márgenes del océano crece el rechazo total o parcial al acuerdo y es poco probable que lo logre. Uno de los puntos centrales de las críticas al tratado es la reducción de los derechos de los trabajadores europeos que el mismo acarrearía. El nivel de derechos laborales difiere mucho entre ambos márgenes del océano: en los Estados Unidos la patronal puede despedir al empleado en cualquier momento, en tanto en los países de la UE están prohibidos los despidos sin causa. Mientras que en Europa, la formación y la pertenencia a organizaciones sindicales es libre, los trabajadores norteamericanos deben solicitarlo judicialmente y con el apoyo de un porcentaje importante de los empleados de la empresa y el sector.

Apoyada en la campaña que llevan adelante las grandes corporaciones europeas, la canciller Angela Merkel defiende la equiparación de las normativas entre ambos continentes que la formación de un mercado único traería, y augura que el acuerdo mejorará los estándares laborales, sociales y medioambientales.

Los críticos, por el contrario, temen que los trabajadores europeos pierdan derechos. Comparando la situación a ambos lados del Atlántico, Werner Rügemer, profesor de la alemana Universidad de Colonia, aduce que, entre las principales convenciones de la OIT, EE UU no ha reconocido los derechos de los trabajadores a organizarse autónomamente, a la huelga, a la negociación colectiva, ni a la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres y sólo ha ratificado la eliminación del trabajo forzado y de las peores formas de trabajo infantil.

Aun cuando en el TTIP no se redujeran explícitamente los derechos de los trabajadores europeos, la creación de un mercado único entre ambos continentes afectaría los derechos laborales, porque las empresas temen la competencia norteamericana. Además, el mejoramiento de las condiciones laborales se haría muy difícil –insiste el profesor alemán–, porque los inversores extranjeros demandarían a los Estados por violación del tratado.

Ante estas y otras críticas, es poco probable que el acuerdo se firme este año. Europa está dividida: mientras que Francia, Italia, España y los demás países del Sur están subiendo la valla, sobre todo en el capítulo agrario, Alemania, Gran Bretaña y los países escandinavos pisan el acelerador. En 2017 habrá elecciones presidenciales en Francia, luego en Alemania e Italia, y en 2019 debe renovarse la Comisión Europea. Por eso, mientras que Merkel tiene prisa, muchos dirigentes europeos prefieren esperar a que se aclare el panorama político, antes de concluir el tratado.

Después de ocho años de ajuste interno permanente, los pueblos de Europa difícilmente resistan el ajuste transatlántico y ningún dirigente del sur quiere sufrir el castigo de sus votantes por haber reducido sus derechos.