El entramado económico y social detrás del asesinato del viceministro boliviano

El presidente Evo Morales sostiene que el brutal asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, forma parte de un plan golpista alentado por la derecha en alianza con dirigentes de las cooperativas mineras. Cuando todavía Bolivia no sale de su estupor por la barbarie de la que fue víctima Illanes –un abogado de 58 años que fue torturado hasta la muerte durante por lo menos seis horas y cuyo cuerpo fue encontrado a la vera del camino de Oruro a La Paz, envuelto en una frazada–, la sensación es que el gobierno saldrá fortalecido en una disputa que superó todos los límites aceptables en un régimen democrático, pero tras pagar un costo altísimo. 

El conflicto con los cooperativistas mineros nucleados en la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) se fue potenciando luego de que se promulgara una ley que permite la creación de sindicatos en las unidades de explotación minera. Se trata de un reclamo de cientos de miles de trabajadores contratados que no gozan de ninguno de los beneficios de los asociados, y significa un resabio capitalista no admisible en el mundo del trabajo social. Pero el cooperativismo minero aparece cuestionado también por otros reclamos bien distantes del idealismo originario. 

«No solamente tenemos la tarea de organizarnos para defender derechos colectivos, sino también recuperar el principio de lucha antiimperialista y anticapitalista para enfrentar la dominación externa”, dijo el mandatario al presentar la ley 149, hace un par de semanas. Morales estaba acompañado por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma. 

La respuesta de la dirigencia cooperativista fue el corte de rutas, como la que va de Oruro a la capital boliviana. Illanes, viejo conocedor del mundo cooperativo y de la industria minera, quería dialogar para descomprimir una situación que complica el gobierno, que viene de sufrir la derrota en un referéndum a principios de año y el embate de una oposición que, sin un líder para disputar hegemonía, hace ruido mediático suficiente como para “embarrar la cancha”. En el marco de esa disputa, dos manifestantes cayeron baleados con proyectiles de plomo. 

El gobierno aseguró que los efectivos tenían postas de goma y acusa de la balacera a “fuego amigo”. Pero esas muertes exacerbaron las protestas contra la represión y a su llegada, Illanes fue retenido bajo la amenaza de que, ante otra ofensiva policial, ya tenían un féretro destinado a él. Cuando se supo que otro cooperativista había sido baleado, el hombre fue apaleado y según la autopsia, murió de un derrame cerebral por aplastamiento. La policía no intervino porque los mineros, señalaron voceros que piden el anonimato, utilizan dinamita en sus acciones de protesta. ¿Qué reclaman los cooperativistas? La Ley 149 establece que los trabajadores contratados tienen derecho a sindicalizarse. 

Que una cooperativa tenga empleados no está contemplado en entidades que se forman para proveer trabajo a sus afiliados, sí en instituciones de servicios. Los mineros han sido por décadas el motor de los grandes reclamos sociales en Bolivia. Pero en los ’80, al tiempo que el gobierno desactivó su empresa minera, las privadas se fueron alejando de los yacimientos menos productivos. Hay que tener en cuenta que el Cerro Rico, de Potosí, lleva casi cinco siglos de explotación. Hoy día, la minería aporta el 4,5% del PBI boliviano, representa el 25% de sus exportaciones pero ocupan a solo 1,5% de la población. 

Se estima que hay unos 120 mil cooperativistas en unos 1700 emprendimientos que suman en empleos indirectos unas 300 mil personas, para un sector laboral donde también hay explotaciones privadas y estatales que tienen más rendimiento, según datos aportados por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB). El régimen laboral en las cooperativas es de superexplotación personal y familiar en yacimientos desgastados que otorgan mineral de muy baja ley. Que además termina en gran parte malvendido a empresas privadas o multinacionales que pagan en función del precio internacional del mineral y no del costo productivo. Y que por otro lado tienen los elementos para “devaluar” el material por su baja concentración. En las minas trabajan menores –tradicionalmente se dice que las mujeres “traen mala suerte”– y personal contratado. 

Los mineros fueron aliados de Evo y mucho hicieron para su llegada al poder, en 2006. Desde entonces hubo un aumento en los precios de los comodities que benefició también a las cooperativas, que lograron poner a algunos de sus representantes en el gabinete y hoy tienen un puñado legisladores propios en el Congreso. Pero esos buenos tiempos parecen agotados. Lo que se verifica hoy día es que la dirigencia cooperativista se plantea asociarse a inversores privados o alquilar las concesiones que les otorga el Estado, algo que la ley no permite. Se estima que hay por lo menos 40 yacimientos que explotan privados por un acuerdo ilegal con cooperativistas. Mientras tanto el gobierno fue implementando mayores controles ambientales, lo que repercute en un sector que es uno de los más contaminantes. Ante la baja internacional en los precios, los cooperativistas reaccionaron de un modo “neoliberal”. 

Buscan mayores beneficios fiscales, rebajas en el costo de la energía eléctrica y rechazan destinar ingresos al cuidado ambiental, plantean la posibilidad de contar con socios privados y tampoco quieren que sus trabajadores tengan representantes gremiales. Tres cuestiones que, dicen desde La Paz, “un gobierno de izquierda no puede aceptar”. ¿Qué hará el gobierno? El asesinato de Illanes le obliga a endurecer el discurso contra los cooperativistas, que de inmediato levantaron los cortes de ruta. Ayer Evo habló desde Cochamba, el mismo lugar donde había anunciado la Ley 149. «Ahí estaba la derecha. Textualmente dijeron ‘apoyamos a las cooperativas mineras porque está defendiendo la capitalización’. Revisen los periódicos. Revisen las entrevistas», recomendó. En su entorno confían en que la dirigencia cooperativista está detrás del golpe, pero que las bases están con el gobierno. Y son mayoría. «

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