El eterno retorno de la lucha piquetera por el trabajo y contra la pobreza

El vigésimo aniversario del crimen de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán coincide con un escenario que convoca a identificar algunas continuidades y rupturas con aquel contexto económico y social.

Si bien aquel crimen emanado desde el poder político y ejecutado por una brutal represión policial se dio a meses de un estallido social que no cesaba y en un contexto de default y bancarrota económica generalizada, resulta ineludible hacer una referencia al protagonismo que, en el presente, exhiben las organizaciones piqueteras en el escenario de conflictividad.

Al igual que entonces, las organizaciones que representan a los trabajadores desocupados y a la población más vulnerable, juegan un papel de primer orden en la protesta callejera por delante incluso de los sectores sindicalizados de la clase trabajadora.

La marcha federal organizada por la Unidad Piquetera en mayo encuentra su antecedente en la marcha nacional piquetera que recorrió el país entre el 11 y el 15 de marzo de 2002, apenas tres meses antes de aquella represión.

En la actualidad la pobreza vuelve a rozar el 40% de la población. Según el último informe del Indec, en el segundo semestre de 2021 las personas que vivían en hogares que no reunían los ingresos para afrontar la Canasta Básica Total (CBT) representaban el 37,3% de los ciudadanos; 17,1 millones de personas. Un año antes, la situación afectaba al 42%, unos 19 millones.

En mayo de 2002, la pobreza había escalado hasta el 53% entonces equivalentes a 19,6 millones de habitantes. La indigencia, sin embargo, alcanzaba al 24,8% de la población, 9,1 millones. El cuadro de degradación se profundizó en el siguiente semestre, llevando la pobreza al 57,5% y la indigencia hasta un 27,5%. En el período reciente la indigencia, sin embargo, llegó a un pico del 10,7% en el primer trimestre de 2021.

El deterioro de las condiciones sociales que llevaron a esa situación explosiva derivó del plan de convertibilidad aplicado por el gobierno de Carlos Menem y su ministro de economía, Domingo Cavallo. Se trató de un intento de anclar la inflación sosteniendo la paridad cambiaria en forma artificial y a expensas de la competitividad del aparato productivo local.

El resultado inevitable fue el de una extranjerización del entramado productivo profundizada con las privatizaciones, la destrucción de centenares de miles de puestos de trabajo, una balanza de pagos crecientemente deficitaria y un profundo endeudamiento de la economía nacional.

Sin embargo, en mayo de 2001, la pobreza afectaba «solo» al 35,9% de la población y la indigencia al 11,6%. Fue la salida de la convertibilidad y la mega devaluación adoptada por el gobierno de Eduardo Duhalde luego del levantamiento popular de diciembre de 2001, que llevó el dólar hasta los $ 4, la que generó un drástico empeoramiento de las condiciones de vida de la población. A la vez, pesificación de las deudas privadas implicó un inmenso subsidio a las patronales que, a su turno y paradójicamente, se reflejaría en una recuperación del empleo y la producción sobre la base de un retroceso sensible del salario. Entre mayo de 2001 y mayo de 2002, 6,1 millones de personas pasaron a vivir en condiciones de pobreza extrema.

Los niveles de pobreza de entonces, sin embargo, resultaban coherentes con los índices de desocupación que en 2001 afectaba al 17,4% de la población y escaló al 19,7% al año siguiente. En la actualidad, los altos niveles de pobreza contrastan con un desempleo que, según el último informe del Indec, afecta al 7% de la población.

El fenómeno da cuenta de la degradación de los salarios y la precarización del empleo que, tal como demuestran los recientes datos oficiales, se profundizó en el período posterior al pico de la pandemia. En el tercer trimestre de 2003, según los datos disponibles del Ministerio de Trabajo, el ingreso medio de los trabajadores ocupados alcanzaba los $ 630 equivalentes al 91% de una Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo mientras que, en el último trimestre de 2021, el ingreso medio equivalía al 74% de ese valor. Si bien la situación actual no resulta tan extrema, sí aparece como una realidad más consolidada y estructural.

El Fondo siempre está

Aquel 26 de junio, una misión liderada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, negociaba en Washington un nuevo programa con el FMI. Ambos períodos estuvieron signados por la tutela y el condicionamiento del organismo luego de períodos de fuerte endeudamiento que, al mismo tiempo que imponen un ajuste sobre las cuentas fiscales, establecen un límite a las políticas asistenciales.

De hecho, fue en abril de 2002 cuando el gobierno de Duhalde creó, mediante el decreto 656, el plan Jefes y Jefas de Hogar que inauguraron una serie de programas sociales que, con sus vaivenes, aún persisten bajo la forma del Potenciar Trabajo.

En su versión original, esa asistencia estaba pautada en $ 150, administrados por las «manzaneras» que operaban bajo la órbita de los intendentes. Aquellos planes, según datos de Trabajo, alcanzaron a poco más de dos millones de beneficiarios equivalentes al 10% de las personas en situación de pobreza. Los $ 150 equivalían al 25% de la CBT para una familia tipo, valuada entonces en $ 598,75. La actualización del monto quedaba reservada a una decisión del Ejecutivo.

En la actualidad, los planes Potenciar Trabajo se actualizan según la evolución del salario mínimo vital y móvil y alcanzan a 1,3 millones beneficiarios. Se trata de apenas el 7,5% de quienes atraviesan una situación de pobreza y su monto equivale al 20% del valor actual de la CBT. Su administración se encuentra mayormente en manos de intendentes e instituciones eclesiásticas y, algo menos de la mitad, con la intermediación de diferentes organizaciones sociales.

La jornada del 26 de junio de 2002 había sido resuelta el 22 de junio en la Asamblea Nacional de Trabajadores que agrupaba a las organizaciones piqueteras independientes. Era la primera instancia de un plan de lucha que reclamaba trabajo genuino, universalización de los Planes jefas y jefes y asistencia para los comedores populares. El mismo pliego que, veinte años después, exijen las organizaciones piqueteras. «