El gobierno apuntala un «comando unificado» para limitar la protesta social

Cerca de las 7 de la tarde del lunes 18 de diciembre, la orden del gobierno porteño fue desactivar el operativo que, para esa hora, ya superaba los 80 detenidos, con un despliegue cercano a los 2000 efectivos. Cuando sólo quedaba un retén de 50 efectivos sobre Avenida de Mayo y 9 de Julio, un grupo cercano a los cien policías, vestidos de civil, pero con pecheras celestes, comenzó a replegarse. El hormigueo generó un inesperado desfile por avenida Rivadavia de los efectivos que se dedicaron a cazar manifestantes durante toda la tarde, sin uniforme y que, en algún momento de la faena, sacaban una pechera del bolsillo y se la ponían para blanquear su rol en las detenciones. Junto con el cuerpo de infantería, los efectivos de las distintas brigadas de la Policía porteña que no usaron uniforme fueron los protagonistas del operativo que comandó el gobierno porteño. El despliegue buscó cumplir una directiva clave de la Casa Rosada: evitar que los disturbios de la calle obstaculizaran el segundo intento dentro de la Cámara de Diputados para sancionar la reforma previsional. 

En el primer round del jueves 14, que terminó con 45 detenidos, la seguridad del Congreso estuvo a cargo de un «comando unificado» creado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para garantizar la custodia de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que había concluido un día antes. La hipótesis de conflicto de ese comando (que reunió a las jefaturas de todas las fuerzas de seguridad federales) nunca sucedió: la cumbre ministerial casi no tuvo incidentes, salvo un espectacular recorrido de blindados y efectivos de élite por todo el microcentro. La misma dotación de uniformados se mudó 48 horas después al Congreso, con un anillo similar al que utilizaron en Puerto Madero, y con la Policía porteña a cargo del anillo exterior. Por esa razón, tanto en la marcha del 14 como en la del 18, la cacería de manifestantes estuvo mayormente a cargo de la policía que responde al alcalde Horacio Rodríguez Larreta.

Ese rol también fue desnudado al aire, por televisión, por la madre de uno de los efectivos heridos que denunció que había sido detenido y golpeado por sus propios compañeros, aunque ante las consultas de este diario, fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, que encabeza Martín Ocampo, sostuvieron que esa información es falsa. La masificación de las detenciones de manifestantes mediante brigadas policiales sin uniforme fue una práctica común en los operativos del 14 y el 18, aunque el control represivo de la calle durante el jueves fue hegemonizado por Gendarmería Nacional y acompañado con la misma ferocidad por la Policía Federal, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que usaron camionetas sin identificación para trasladar a los detenidos, especialmente en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. 

Dentro del gobierno, ante las consultas de este medio, admiten que el mecanismo represivo del «comando unificado» llegó para quedarse porque funcionará del mismo modo hasta finales del año próximo, cuando Buenos Aires sea sede de la próxima cumbre del G-20. Ambos operativos represivos de fin de año, según Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del CELS, «no se intervino sólo para aislar o responder los hechos de violencia en la plaza, sino que la represión después se dirigió a las columnas» (ver aparte). 

El FBI de Mauricio

En la misma semana de operaciones del comando unificado, la ministra Bullrich y el comisario general Néstor Roncaglia pusieron en funciones a los 48 nuevos directores generales de la nueva Policía Federal Argentina, la misma fuerza que, sin las 53 comisarías porteñas, ahora tiene la posibilidad de realizar escuchas telefónicas por el convenio con la Corte Suprema de Justicia del 6 de diciembre. 

Se trata del nuevo perfil de la Federal, dos años después de la reforma más importante que realizó el poder civil sobre esa fuerza con la separación de las comisarías capitalinas y su cesión a la autonomía porteña. Con el cambio, la Federal estará concentrada en inteligencia criminal y delitos complejos, pero no perderá su capacidad de control territorial con su infantería y ampliará su capacidad para realizar espionaje interior. En ese rubro se afianza la continuidad de los «plumas», mote que llevan los agentes del cuerpo de investigaciones creado a fines de los ’60 y cuyo estatuto les permite tener dos empleos dentro del Estado y una dedicación específica a espionaje interior. Algo similar quedó en evidencia durante la desaparición de Santiago Maldonado cuando se filtraron los partes diarios de inteligencia de Gendarmería, a partir de una estructura parecida a la que tiene la Federal. 

La designación de los nuevos mandos implican una inflexión en el armado de la nueva fuerza. Sin embargo, una semana después de los nombramientos, la realidad devolvió una imagen amarga: la detención del comisario Miguel Muñoz, jefe de la División Automotores, junto a dos suboficiales, por «defraudación contra la administración pública, lavado de activos y enriquecimiento ilícito». Los tres cayeron por una pesquisa de la Dirección de Investigaciones Internas del Ministerio que conduce Bullrich. 

Detenidos y efecto Jujuy

Al cierre de esta edición, de los 45 detenidos el lunes pasado, hay cinco que todavía están a disposición del juez federal Sergio Torres. Se trata de cuatro hombres y una mujer que recibirán el Año Nuevo presos, porque recién tienen una audiencia para ampliar fundamentos el próximo 2 de enero. A todos se les negaron las excarcelaciones por razones burocráticas como la falta de constatación de domicilio, denunció la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi, a cargo de la defensa de tres de los detenidos. 

Al calor de las detenciones que tramita Torres, el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió que les negaran las excarcelaciones a los detenidos, y reclamó que «la única forma de evitar que esto suceda es diseñando nuevas leyes». Un día después, el presidente Mauricio Macri lo respaldó. «No puede alguien que hace un atentado de homicidio ser liberado a las 24 horas. Si alguien tira esa piedra está dispuesto a matar», argumentó,  

La Cámara de Casación Penal tendrá la última palabra, aunque la dureza judicial con las protestas sociales tuvo otro clímax en Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, uno de los mandatarios preferidos de Macri. Este miércoles, la policía local reprimió brutalmente un corte del Puente San Pedro, sobre la Ruta Nacional 34, realizado por los trabajadores despedidos del ingenio La Esperanza. El juez que intervino ordenó la detención de los dirigentes y el abogado del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio La Esperanza, y dos de ellos fueron detenidos. 

Si el cerrojo judicial que promueve el gobierno se extiende, se puede repetir la escena de 2002, cuando el Encuentro Memoria Verdad y Justicia había contabilizado 5000 dirigentes sociales, delegados gremiales y militantes sometidos a procesos judiciales en todo el país, apunta Verdú.  «