Tras el vencimiento del congelamiento que buscaba frenar el impacto en la inflación de abril, el Ejecutivo evalúa un nuevo ajuste. Pese al descenso del Brent, las petroleras buscan recuperar el atraso acumulado y el Estado evita reducir precios para no desfinanciar la recaudación impositiva, que representa casi el 50% del valor de cada litro.
La abrupta baja del crudo Brent a 88 dólares no se traducirá en un alivio para los bolsillos argentinos. A pesar de que el valor internacional descendió, el gobierno de Javier Milei analiza una compleja ecuación que incluye el tipo de cambio, la carga impositiva y el atraso acumulado de las petroleras antes de decidir un nuevo ajuste en los surtidores. Fuentes del sector descartan cualquier modificación a la baja, ya que el precio local continúa alineado a un barril cercano a los 90 dólares y solo se consideraría una reducción si el valor internacional cayera drásticamente hasta los 60 dólares.
La estructura de costos revela por qué el traslado de los aumentos es automático mientras que las bajas son inexistentes: el 46,6% del precio final que paga el consumidor son impuestos. De ese total, el 41,5% se destina a las arcas de la Nación, el 3% a las provincias y el 2,1% a los municipios. Este esquema impositivo genera una dependencia fiscal que quita incentivos a cualquier corrección a la baja, sumado a que las refinadoras buscan aplicar seguros de cobertura para compensar futuras pérdidas.
El impacto de los combustibles en la economía es determinante para la estrategia oficial. En el último año, las naftas y el gasoil aumentaron un 63,6%, duplicando el ritmo de la inflación general del 33,1%. Dado que los combustibles representan el 3,8% de la estructura del IPC, el Gobierno aplicó un congelamiento de 45 días para evitar que cada suba del 10% sume 0,38 puntos porcentuales a una inflación que ya supera las previsiones oficiales.
Finalmente, el Ejecutivo tampoco muestra interés en retrotraer los precios, consciente de que la «cultura inflacionaria» local impide que una baja en el surtidor se traslade al resto de la cadena logística o a los bienes de consumo que ya aumentaron por costos de transporte. Sin una reacción oficial para aplicar la suba programada del impuesto —lo que llevaría el litro de súper a 2.250 pesos en la Ciudad—, el Gobierno apuesta a una frágil estabilidad mientras el conflicto en el estrecho de Ormuz mantiene en vilo el abastecimiento global.
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