La acusación es contra Humberto Mingorance, presidente de la empresa prestadora de agua potable y saneamiento, y otros dos gerentes por “daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud".

Además de Mingorance, la medida dispuesta por el fiscal de instrucción Gabriel Blanco también alcanza a otros dos integrantes de la cúpula de AYSAM: Darío Hernández, gerente General, y Carlos Cifuentes, gerente operativo.
Los delitos que les imputan a Mingorance, Hernández y Sifuentes son «daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud», en base a los artículos 55; 184 inciso 5°; y 55 y 57 de la ley nacional 24.051, la cual que regula la manipulación de los residuos peligrosos.
De acuerdo a las fuentes, el fiscal Blanco basó la imputación en la resolución 481 del Departamento General de Irrigación, el organismo provincial encargado de administrar, distribuir y controlar el suministro de agua, dado que Mendoza es una zona árida, por la cual Aysam había recibido una multa récord, equivalente a 120 millones de pesos, por la contaminación del canal de Los Corralitos.
En esa norma, firmada por el superintendente General de Irrigación Sergio Marinelli, se califica a la situación como de una «gravedad excepcional» porque el vuelco de líquidos cloacales se hizo “sin ningún tipo de permiso del Departamento General Irrigación, en abierta violación a la normativa vigente”.
El drama de los vecinos de Los Corralitos por los desbordes de aguas servidas arrancó hace cuatro años, pero por aquel entonces eran eventuales, sobre todo, en los días de fuertes lluvias. La inacción de Aysam provocó que los derrames sean cada vez más frecuentes hasta convertir la zona en un “gran jacuzzi cloacal”.
Según distintos informes técnicos, el sistema cloacal presenta serios problemas de sedimentación y obstrucciones, situación que derivó en la formación de, por ejemplo, “lagunas” marrones en el cruce de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo.
Durante meses, el Departamento General de Irrigación autorizó de manera excepcional el vuelco de efluentes cloacales al Canal Pescara, que atraviesa los departamentos de Maipú, Guaymallén y Lavalle, como una solución transitoria mientras Aysam ejecutaba obras para aliviar el sistema. Sin embargo, nunca se cumplieron.
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