Algunos casos demostrativos de la diferencia sustancial entre el Estado que intenta reparar los daños del neoliberalismo (ER) y aquel que quisiéramos (ET). Energía, mercado interno y alimentos.
Hay otra característica a considerar de un Estado con vocación popular en una economía neoliberal. Sus integrantes estarán permanentemente acosados por la cultura individualista que se disemina por todo ámbito.
En consecuencia, habrá pujas internas por los espacios con mayor jerarquía y esas pujas tenderán a dirimirse en función de parámetros de cualquier naturaleza. Los debates pierden jerarquía ideológica, para pasar a tener que ver con matices de personalidad, en lo que puede llegar a ser una cacería de detalles sórdidos, dentro del criterio que invade todo: las soluciones son individuales y no hay para todos.
Se llega envueltos en esa niebla, se gestiona con ella y se resuelve acorde. Como subproducto central de ese trauma, se consolidan los criterios para gestionar de manera delegativa y no participativa. El voto delega; el elegido decide; los votantes reciben o no, pero poco y nada pueden cambiar.
Ese elemento de la política moderna, que incluye de pleno a la Argentina, no debiéramos olvidarlo en nuestros análisis. Muchas veces, no importa tanto qué se consigue, sino quien lo consigue, con lo cual se llega a escenarios penosos, en que la figura política está por encima de los logros sociales.
Sumando esto al contexto, vamos a elegir algunos casos demostrativos de la diferencia sustancial entre el Estado que intenta reparar los daños del neoliberalismo (ER) y aquel que quisiéramos (ET).
Un insumo básico para la vida.
El ER ha apelado a subsidiar de varias formas las tarifas de los hogares con problemas. Sea la garrafa social o la tarifa de la luz, se fue por allí.
El ET, en tiempos de la energía renovable, debe encontrar los caminos para que los más humildes usen el sol o el viento o aún los cauces de agua, como generadores de energía para uso propio y para contar con recursos económicos. Las normas al respecto se han opuesto tenazmente a la auto generación, que como es obvio es un gran atributo positivo de las nuevas energías. A lo sumo, se acepta que se genere el 70% del consumo y no se considera para nada la posibilidad que personas aisladas vendan energía a la red más allá de esa proporción.
El bien común reclama que, empezando por las escuelas, hospitales, centro comunitarios y siguiendo por viviendas cualesquiera, se pueda instalar calefones solares, celdas fotovoltaicas,molinos eólicos o mini centrales hidráulicas, según el caso, entregando la energía que se quiera al distribuidor local y cobrando por ella.
La instalación de ese patrimonio es lo que debe financiar un ET, con recuperación de lo invertido como una alícuota de la energía vendida, en lugar de subsidiar los consumos, aprovechando así capitalizar a los humildes.
Vale destacar una paradoja. Cuando Argentina era ostensiblemente una neocolonia inglesa, la carne vacuna era barata en el país. Esto era consecuencia que el grueso de nuestras ventas externas terminaba en los mostradores de los carniceros británicos, que vendían barato porque compraban barato. Los mostradores de nuestros carniceros eran réplicas de aquellos y por lo tanto, los precios eran bajos.
Hoy, la carne se exporta a decenas de países. Lo mismo pasa con el petróleo y un puñado de otros productos agropecuarios o mineros.
El ER intentó evitar que las fluctuaciones del mercado internacional recayeran sobre los ciudadanos, sea con retenciones a las exportaciones del agro o incluso suspensión de esas exportaciones o con la definición de un valor para “el barril criollo”, acotando así los beneficios de los respectivos productores.
El ET, en cambio, debe instalar conceptualmente el derecho de los consumidores locales a participar de las ventajas de contar con productos exportables.
En definitiva, los recursos mineros son provinciales por delegación nacional. Debería quedar constitucionalmente claro que los beneficios de la extracción de esos recursos deben alcanzar a todos los argentinos. Eso puede ser consumiendo productos baratos o participando de una proporción de los beneficios de exportar, pero no puede ser lo contrario. Esto es: no debe suceder -como ahora- que tener productos primarios exportables sea un hecho que pueda deteriorar la calidad de vida de millones.
No hay bien transable que simbolice mejor la vida en comunidad que el alimento.
Si hay hambre, y hoy hay mucha, aparecen comedores comunitarios. En cambio, nadie propone transporte gratuito o ropa gratis o ni que decir, alojamientos permanentes para quienes no tienen siquiera una cornisa que los guarezca. Todo eso está pendiente, detrás del plato de comida.
El ER ayuda a los comedores con recursos públicos. La producción, la distribución, el estudio de la población atendida, no son temas del Estado central;quedan a cargo de las organizaciones que brindan asistencia.
El resultado ha sido, más allá de las intenciones, la dependencia del monedero público de miles y miles de espacios de atención.
Como no nos explicamos la exclusión, no la resolvemos. Con un poco de suerte, encaramos sus efectos alimenticios.
El ET debe encarar el tema de manera enteramente diferente. Debe entender que se trata de un sistema que incluye productores de alimentos, sus consumidores y quienes vinculan ambos.
La alimentación escolar y los comedores comunitarios deben ser espacios en que se atienda necesidades maximizando la oferta local que exista o se desarrolle, con la distribución como servicio y no como negocio. Eso promoverá los horticultores o fruticultores locales, las pequeñas industrias transformadoras, la producción de carne para el matadero local. Todo ese conjunto genera trabajo, reduce costos, construye esperanza.
Si además se combina ésto con la generación local de energía renovable para capitalizar a los humildes, se tiene un programa potente para reducir la pobreza, que no es un mezquino derrame.
La seguiremos con un análisis más fino de las comunidades pobres.
Hasta pronto.
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