Trabajadores de los medios públicos porteños realizan una radio abierta en el Obelisco

En pleno centro porteño, frente al Obelisco, las trabajadoras y los trabajadores de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires –AM 1110, LA 2×4 y el Canal de la Ciudad– llevaron adelante este jueves una radio abierta para exponer el escenario crítico que atraviesan y rechazar de manera contundente los intentos de concesión y vaciamiento que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri. La actividad buscó visibilizar una pulseada que se intensificó desde marzo, cuando el Ejecutivo local decidió avanzar con un proceso de licitación que, denuncian, pone en riesgo el futuro de esos espacios de comunicación pública.

Desde aquel mes, la organización gremial no cesó en su rechazo. Actualmente, esa resistencia se expresa también en los estrados judiciales: hay una demanda en curso que aguarda resolución en la Cámara de Apelaciones, y el ENACOM ya emitió un fallo adverso a la estrategia del gobierno porteño. Sin embargo, a pesar de esos revéses institucionales, Macri insiste en aplicar a su antojo el eslogan de “ley y orden”, una práctica que, según los denunciantes, desoye la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y desordena el sistema vigente para facilitar negocios que califican de espúreos.

Al acecho de los medios públicos

En ese contexto, la atención se posa en el grupo Cale, cuyo titular, Augusto Marini –dueño de los streamings Blender y Carajo y señalado por despedir sin causa a trabajadores de esos medios– ya figura con la preadjudicación del Canal de la Ciudad. Para los empleados, esa maniobra no solo es ilegal e inconstitucional, sino que agrava el temor a que el interés comercial prime sobre la función social de la comunicación pública.

Los trabajadores subrayan que los medios públicos porteños no son un negocio más: cumplen un rol estratégico en la construcción de una comunicación plural y de acceso universal, garantizan el derecho a la información, promueven la cultura, difunden la identidad de la ciudad y abren un espacio para voces que los grandes consorcios suelen marginar. Por eso, sostienen, defender esas señales es defender el trabajo y, al mismo tiempo, el derecho de toda la sociedad a una comunicación democrática, plural y de calidad.