Se trata de unos $7500 millones que ya no serán devueltos a pesar de encontrarse presupuestados en la ley de leyes de 2017.
La medida fue dispuesta en 2001 en forma transitoria con el propósito explícito de promover la bancarización de las operaciones comerciales que, según se puede inferir, para el gobierno ya no sería necesaria.
Curiosamente, a partir del 1º de agosto de 2016 había entrado en veigencia la Comunicación A 5982 del BCRA que obliga a los bancos a promover entre sus clientes los pagos electrónicos del tipo billetera virtual, botón de pago o POS móvil.
El propósito de esa comunicación oficial es, precisamente, reforzar la bancarización de los usuarios de bancos y disminuir el uso de efectivo.
Además, el Presupuesto 2017 que envió el ejecutivo al congreso y que fue aprobado por los diputados y senadores, incluía la estimación de ese monto como devolución a los consumidores de tarjetas de débito.
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