El Ministerio de Seguridad reglamentó la utilización de estas armas, cuestionadas por organismos de derechos humanos. No limita su uso a personas vulnerables. También se implementará en la Provincia.
La medida fue dispuesta través de la resolución 395, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Patricia Bullrich.
Establece que su uso “permitirá abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego”, y lo describe como “un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes, brindando a las fuerzas policiales y de seguridad federales una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego”.
En el anexo de la resolución, el Ministerio de Seguridad determina que se hará uso de estas armas «para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública».
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Asimismo, en otro de los puntos de la reglamentación se deja claro que «ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales de viva voz advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso».
La ministra destaca que «la normativa y la doctrina internacional dan cuenta de los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en prestigiosas universidades (…), donde se concluye que el empleo de las armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas».
Sin embargo, no menciona los cuestionamientos y recomendaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos, quienes advirtieron, como lo hace el Comité contra la Tortura de la ONU, que las Taser pueden ser un elemento de tortura e incluso, al ser presentadas como un “arma menos letal”, lleva a hacer uso indiscriminado y su abuso.
Tampoco limita su uso en personas en riesgo, como embarazadas, personas con signos de intoxicación, menores de edad o adultos mayores.
El macrismo también llevará estas pistolas a la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense compró pistolas Taser para ser empleadas por el Grupo Halcón, especialmente en sus intervenciones en hechos como toma de rehenes, se informó oficialmente.
«El ministerio hizo todos los trámites para que su uso fuera posible, de hecho, fuimos los primeros en comprarlas para el Grupo Halcón», explicó a la prensa el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y remarcó que se adquirió «una pequeña cantidad» y que los efectivos del Grupo Halcón «ya están capacitándose en el uso para, exclusivamente, los casos de tomas de rehenes».
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