El Gobierno ordenó el cierre de un sector clave del INTI: los trabajadores convocan a un abrazo en su defensa

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) denuncian que el Gobierno Nacional, ordenó -a partir del 31 de enero- el cierre de la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación del organismo. 

En estas áreas que van a desguazar se desempeñan más de 150 técnicos y profesionales encargados de realizar la verificación y certificación de los instrumentos de medición a nivel federal. Un ataque más de Javier Milei y su motosierra al Estado.

Como consecuencia de ello, se verán afectados los surtidores de combustible, las balanzas ubicadas en comercios y puertos, los radares con los que se realizan las fotomultas por exceso de velocidad y los etilómetros con los que se mide la concentración de alcohol en sangre a conductores.

Además, el Instituto también incluía -entre sus verificaciones- los medidores de agua potable y de energía eléctrica, los termómetros clínicos y los taxímetros. La población ya no tendrá seguridad sobre lo que consume.

La Libertad Avanza (LLA) lo hizo bajo la Resolución 213 publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2025. Por eso convocan a un «Abrazo» el miércoles 28 de enero a partir de las 10 de la mañana en la sede central de General Paz 5445.

Una política de vaciamiento

Yamila Mathon es especialista en Tecnologías de Gestión y del Conocimiento del INTI. «La política de vaciamiento que se está llevando adelante es un objetivo que se propusieron desde el principio y que buscaba disolver al Instituto a través de un decreto habilitado por facultades delegadas», sostuvo en diálogo con Tiempo.  

Y completó: «Una meta que las y los trabajadores les frustramos con una fuerte campaña de visibilidad y movilización gracias a la cual conquistamos la derogación del Decreto 462 a mediados del año pasado, pero siempre fuimos conscientes que sería una disputa que no iba a culminar allí».

Mathon explicó que para ellos es muy importante alertar que esté ensañamiento con el INTI trae consecuencias graves de un lado y del otro de la puerta del organismo. Adentro, sienten una demostración constante -por parte del Gobierno- de desprecio hacia las competencias, el conocimiento y la experiencia que posee el personal, sumado al riesgo concreto de perder puestos de trabajo y personal calificado.

Y que puertas afuera, también hay riesgos para la sociedad en su conjunto que se manifiestan en hechos concretos como es la pérdida de la transparencia y de credibilidad en los controles que ahora quedan exclusivamente en manos de privados.

«¿Cómo se puede confiar en una fotomulta que te llega pero que realizó una empresa privada que no tiene un vínculo de imparcialidad con el Municipio que sabemos tiene en las multas una caja de recaudación?», preguntó Mathon. Y subrayó: «Es indispensable el rol del Estado como tercero imparcial en el vínculo entre privados».

Un paneo general del conflicto

Giselle Santana miembro de la Asamblea Multisectorial del Instituto. «Las y los trabajadores del INTI en todo el país nos encontramos en estado de alerta. Somos conscientes de que lo que enfrentamos es un intento más del Gobierno Nacional de disolver el organismo», dijo en diálogo con Tiempo.

Además, explicó que el oficialismo lo manifestó con claridad en el texto original de la Ley Bases, en la que el INTI era uno de los organismos a cerrar. «Luego, cuando eso no pasó en la Ley, y el Instituto quedó exceptuado de su disolución, lo intentaron con el Decreto 462/25, que derrotamos tanto en el Congreso como en la Justicia con una enorme lucha«, enfatizó.

Santana explicó que ahora quien avanzar degradándolos “por partes”, cerrando líneas de trabajo, con el desfinanciamiento, congelando salarios y carrera, precarizado aún más a las y los trabajadores contratados.

Es en ese marco es que se da el cierre de la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación del INTI. «No es un rayo en cielo sereno, es el punto máximo de una política de vaciamiento que no comienza ahora, antes fue el Servicio Argentino de Calibración, la Imprenta y tantos otros sectores disueltos o dejados sin tareas«, repasó la trabajadora.

Santana concluyó diciendo que todo esto afecta a las y los trabajadores de esas áreas: «Pero fundamentalmente a las capacidades del INTI para promover el desarrollo industrial, el avance tecnológico y garantizar la seguridad de la población tanto en el comercio como en el consumo«.

Comunicado de los trabajadores del INTI

La potestad al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, encargado de custodiar los patrones nacionales de medida y así poder afirmar que “un metro es un metro”, “un litro es un litro” y “un kilogramo es un kilogramo”, le fue otorgada hace 22 años a través de un Decreto del Poder Ejecutivo como facultad indelegable por el nivel de conocimiento de su personal científico-técnico y porque al ser un organismo público de referencia internacional «el INTI detenta el rol de tercero imparcial en las transacciones comerciales entre privados», entiendo por estos tanto a comerciantes como a usuarios.

Con esta Resolución el gobierno pone fin al área de Metrología y dispone la «total transferencia del control de instrumentos de medición a laboratorios y organismos de certificación privados» acreditados por el Organismo de Argentino de Acreditación (OAA), que ya hacían esta tarea, pero «para quienes el INTI representa su principal competidor» ya que es el más elegido por las empresas y usuarios que fabrican y utilizan instrumentos de medición en todo el país.

El nivel de satisfacción de los clientes con los servicios del INTI se refleja en la cantidad de órdenes de trabajo abiertas cada año y en su facturación, dos datos objetivos que desmienten las supuestas “demoras” y la pretendida “búsqueda de “desburocratización” y “eliminación de trabas al comercio” que se expresan en los considerandos de la normativa que dispone el cierre del área.

Los especialistas señalan que esta medida es la “estocada final” en un derrotero de quita de funciones al Instituto. En 2024 el gobierno de Javier Milei publicó la Resolución 276 para que los certificados de los instrumentos ya no los haga el INTI sino únicamente dos empresas privadas, volviendo al circuito más burocrático, costoso y concentrado.

Vale mencionar que antes de estas medidas, verificar un alcoholímetro en el INTI le costaba a un Municipio $140.000 y a partir de ahora le saldrá $1.200.000 para verificar cada instrumento en un laboratorio privado. En este contexto, los profesionales del Instituto advierten que existen potenciales riesgos en la seguridad civil, ya que los gobiernos municipales podrían dejar de hacer dichos controles al no poder costearlos.

Los trabajadores nucleados en la «Multisectorial del INTI» también denuncian que lo que persigue el gobierno nacional es una «privatización de los servicios» y que elimina la figura de imparcialidad que representa el Instituto en sus mediciones, además de que muchas pequeñas y medianas empresas que fabrican instrumentos de medición no podrán acceder a las verificaciones debido la escasa presencia territorial de los laboratorios privados a lo largo y ancho del territorio nacional.

Desde la Multisectorial «convocan a un Abrazo el miércoles 28 de enero desde las 10h en la sede central de General Paz 5445» en rechazo al cierre del área de Metrología, considerada el corazón del Instituto, y ponen en alerta a la población por la falta de rigurosidad de controles que comenzarán a sucederse, quitándole a los usuarios la posibilidad de acudir a un ente público como el INTI para verificar multas, productos y servicios adquiridos.

Como parte de las denuncias también sostienen que «la Resolución 213/2025 es ilegal», porque es una medida administrativa de menor jerarquía que, tal como establece la Constitución Nacional, no puede derogar facultades otorgadas por Decreto y, fundamentalmente, porque «se están transfiriendo tareas de medición a privados que por ley deben contar con auditorías del INTI que, a la fecha, ninguno registra».