El gobierno porteño suma un nuevo obstáculo para reducir la matrícula de los institutos de formación docente

Desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley que habilitó la conformación de la UniCABA, los 29 Institutos Superior de Formación Docente (ISFD) comenzaron a ser irrumpidos con diferentes decisiones políticas que apuntan a la desarticulación y vaciamiento de los mismos. En noviembre de 2018, y después de una larga resistencia de la comunidad educativa, la Ciudad logró sancionar solo con los votos del oficialismo porteño la construcción y puesta en marcha de la UniCABA. Tras aquella jornada, que incluyó una fuerte represión hacia los docentes, estudiantes y familias que repudiaban la votación de la nueva norma, cada resolución firmada por el Ministerio de Educación de la Ciudad, confirmaba lo que tanto se temía: El vaciamiento progresivo de los ISFD.

Este proceso paulatino, hasta la fecha, se divide en tres partes: En marzo de 2019, cuatro meses de aprobada la Ley, Soledad Acuña dividió por decreto la Dirección General de Educación Superior en dos partes: la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente –UCSFD–, que hasta entonces, tenía como función patrullar y evaluar el funcionamiento de seis profesorados de gestión estatal, cuyo titular era Mariano Palamidessi (hoy rector de la UniCABA); y la Dirección General de Escuelas Normales Superiores y Artísticas –DGENSyA–, que controla el funcionamiento de 15 profesorados. Por aquel entonces no estaba claro cuál era el motivo de esta división, pero rápidamente saltó a la luz que el objetivo de fondo era desarticular la organización de los profesorados y despejar la zona para que avance la UniCABA con la menor resistencia posible de la comunidad educativa de los institutos de formación docente.

La segunda irrupción ocurrió en junio de este año. El gobierno porteño dio de baja la inscripción online para el segundo cuatrimestre de los 21 profesorados que pertenecen a la gestión estatal, hecho que interrumpió una tradición histórica que permitía a los alumnos y alumnas, comenzar una carrera docente a mitad de un ciclo lectivo formal, luego de las vacaciones de invierno. Desde diferentes sectores de la comunidad educativa, sentenciaron que éste es un hecho concreto de vaciamiento de los ISFD, cuya intención es ir disminuyendo progresivamente el número de inscriptos, reducir su matrícula y tener la excusa perfecta para cerrar sus puertas.

Pero hace unos días, la Cartera que dirige Soledad Acuña, implementó otra polémica medida al comunicar que, a partir de 2022, quienes deseen inscribirse a una carrera docente, deberán realizar un curso de ingreso obligatorio cuya duración es de 1 mes, y que se realizará entre el 21 de febrero y el 18 de marzo, hecho que indefectiblemente producirá una reducción en la inscripción de ingresantes al nivel superior, que históricamente se viene realizando desde octubre hasta febrero de cada año. “Decimos que esto baja la cantidad de estudiantes porque al interponer el curso obligatorio, reducen abruptamente los tiempos para inscribirse, y determinaron que podrán hacerlo hasta el mes de diciembre. Esto limita muchísimo la matrícula porque nosotros tenemos un gran número de gente que se anota entre enero y febrero, dos meses antes del inicio del ciclo lectivo”, argumenta en diálogo con Tiempo, Estela Fernández, Rectora del Instituto de Educación Superior Juan B. Justo y vicepresidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal –CESGE–, organismo conformado por las y los rectores de los profesorados.

Desde el gobierno de la Ciudad argumentan que el objetivo de este curso tiene que ver con trabajar en lectura y escritura porque, aseveran, “es una de las áreas que tiene mayores vacancias cuando se ingresa a estos estudios superiores”. Desde los profesorados advierten que esta nueva disposición que ordena Acuña, no suma para mejorar la calidad educativa.  “El trabajo tiene que ser sostenido y tiene que ser fortalecido dentro de cada carrera y dentro de los mismos espacios curriculares, éste tiene una potencia pedagógica mucho mayor. Lo digo desde la experiencia, y convencida de que esto ocurre así, porque en el Juan B. Justo lo sostenemos firmemente ya que tenemos un proyecto que trabajamos la escritura de esta manera”, agrega Fernández.

El rechazo de los 29 institutos de Formación Docente a esta nueva iniciativa es contundente. “Las instituciones planteamos que no estamos de acuerdo con este nuevo curso y que queremos participar en elaboración de una cursada que puede ser de hasta de 2 semanas, pero que no implique limitar el tiempo de inscripción a los futuros estudiantes. Sin lugar a dudas, creemos que detrás de esta argumentación de ‘calidad académica y de preparación para el estudio superior’ en realidad lo que se pretende es limitar la cantidad de ingresantes a los profesorados, con la finalidad de que quienes no ingresan a los institutos, se anoten en la UniCABA, en definitiva: que la matrícula de nuestros profesorados migre hacia la universidad de Larreta”.