En el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, el colectivo trans-travesti denunció los 39 crímenes de odio en lo que va del año y los múltiples incumplimientos del Estado en términos de acceso a derechos básicos.
Con los rostros de las víctimas del estos crímenes de odio a cuestas, con las demandas escritas en carteles y en el cuerpo, la amplia convocatoria volvió a demostrar la necesidad de visibilizar a un colectivo cuyos derechos son sistemáticamente conculcados. Criminalizadas por los códigos contravencionales y las fuerzas de seguridad, y estigmatizadas por un Estado que avanza muy lentamente en políticas de inclusión y acceso a derechos básicos o directamente evita hacerlo, las disidencias sexuales quedan a merced de la violencia machista.
Entre otros reclamos, la movilización que partió de Plaza de Mayo y llegó hasta el escenario montado en el Congreso volvió a exigir el cumplimiento de la ley de Cupo Laboral Trans, aprobada en 2015 en la provincia de Buenos Aires pero nunca reglamentada. Establece que un 1% de los puestos en la administración pública sean ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.
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